El Gobierno quita las indemnizaciones de los ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado eliminar las cesantías, más conocidas como las indemnizaciones que durante dos años cobran todos los exministros y exsecretarios de Estado.

Esta medida forma parte del programa de ajustes que ha puesto en marcha el Gobierno para ahorrar 65.000 millones en los próximos dos años y medio, para conseguir cerrar 2014 con un déficit del 3%.

En concreto, el Ejecutivo ha decidido retirar el 80% del sueldo que durante dos ejercicios perciben los miembros del Gobierno cuando cesan de su cargo. Eso sí, siempre y cuando el ex alto cargo cuente con otra actividad retribuida.

Además de los antiguos miembros del Gobierno, también se ven afectados por este recorte determinados altos cargos, los presidentes de las Cámaras y el presidente y los consejeros de los organismos reguladores.

Para hacerse una idea del ahorro que supone esta medida, tras la victoria del PP en las elecciones generales del pasado noviembre, todos los miembros del último gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero pasó a cobrar una compensación económica de más de 4,3 millones de euros.

A esta cantidad, además, se le sumaron casi 80.000 euros más del primer año que le correspondió a Zapatero de su pensión vitalicia como ex presidente.

Los polémicos fichajes de la exministra de Economía, Elena Salgado, como consejera de la eléctrica Endesa, apenas tres meses después de salir del Gobierno, y del grupo de autopistas Abertis en abril han sido la gota que ha colmado el vaso de estas cesantías, ya que las retribuciones de estos consejos se suman a la indemnización que percibe de las cuentas públicas.

Sin embargo, aunque este caso haya levantado más polvareda por haberse producido en medio de la mayor crisis económica desde la postguerra, es una tónica general entre los altos cargos compaginar la cesantía con fichajes millonarios.

José María Aznar, Felipe González, Pedro Solbes, Eduardo Zaplana o Rafael Arias-Salgado figuran entre los fichajes más polémicos de exmiembros del Gobierno que han compaginado la retribuciones privadas con la indemnización pública.