La independencia de Cataluña en modo de espera

El plan secesionista catalán parece avanzar más lentamente de lo esperado y los dirigentes independentistas rehuyen el choque directo con Madrid en vísperas de las nuevas elecciones legislativas de España, pero no renuncian a sus objetivos.

Tras ganar los comicios regionales de septiembre, los separatistas prometieron lanzar un acelerado proceso de independencia: en 18 meses iban a dotarse de la administración necesaria para asumir las competencias de un Estado y convocarían elecciones constituyentes para fundar la República Catalana.

Pero cuatro meses después del nombramiento del nuevo presidente catalán Carles Puigdemont, un independentista desde la cuna, la ruptura con Madrid todavía se antoja lejana para alivio de los partidos españoles, abocados a una repetición electoral por su incapacidad de formar gobierno tras los comicios de diciembre.

"Los independentistas que pensaban que una solución rápida y unilateral era posible se están dando cuenta de que no. Por eso están buscando un interlocutor con quien hablar", afirmó ante corresponsales de prensa extranjera el líder socialista catalán, Miquel Iceta, contrario a la secesión.

Los independentistas incluso retomaron las relaciones con el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, que estaban prácticamente abandonadas.

En abril, en el primer encuentro a máximo nivel en dos años, Puigdemont reclamó a Rajoy la celebración de un referéndum de autodeterminación, una idea que parecía olvidada frente al rechazo sistemático de casi todos los partidos españoles y la promesa de una ruptura unilateral.

"Todo es más lento y más complejo de lo anunciado y si siguieran por el camino de la confrontación, sólo generaría frustración", opina el analista político Josep Ramoneda.

A pesar del auge del independentismo de los últimos años en esta rica región del noreste de España, con 7,5 millones de habitantes y un idioma propio, las opciones secesionistas no son claramente mayoritarias: en septiembre un 52% de los electores no les dio apoyo.

Aun así, los partidos independentistas supieron movilizar a su electorado, y consiguieron la mayoría absoluta del parlamento regional.

Su proceso de secesión se antoja así más complicado de lo prometido tanto por la falta de apoyo como por la escasa cohesión de las fuerzas separatistas y su delicada situación económica.

Y es que pese a representar una quinta parte del PIB español, la región está fuertemente endeudada y no puede financiarse en los mercados. Su liquidez depende de los préstamos del gobierno español, que podría cerrar el grifo en función de la evolución de la hoja de ruta separatista.

Además, la justicia española sigue de cerca las maniobras del gobierno regional, que no quiere poner en riesgo a sus funcionarios y opta por trabajar desde la máxima discreción. "Poco ruido y mucho trabajo", repite constantemente el presidente catalán.

"Fuera de los focos se está trabajando, el plan no ha variado ni en una coma", asegura un alto cargo.

Todos los avances del independentismo catalán, como la convocatoria de un referéndum en 2014 o una moción en noviembre que declaraba insumisas a las instituciones españolas fueron objeto de recursos y suspendidos en el Tribunal Constitucional.

Por ello, el ejecutivo regional se prepara sigilosamente para asumir, cuando estime que ha llegado el momento, las competencias actualmente en manos del gobierno central --hacienda pública, pensiones, control de infraestructuras... -- y el parlamento catalán redacta a puerta cerrada las leyes necesarias para impulsar la secesión.

"Tenemos un Estado que no deja hacer nada y a la mínima que ve cualquier cosa lo recurre a la justicia. Por eso le ponemos astucia y rigor", explicó Jordi Turull, líder parlamentario de la coalición gubernamental.

Esto desagrada a los sectores más radicales del independentismo, como el pequeño partido CUP, de extrema izquierda, necesarios para asegurar la estabilidad del gobierno. Su estrategia pasa por desobedecer abiertamente y desde el primer momento.

"Tenemos que ir a planteamientos que conlleven choque y desobediencia al Estado", afirma el diputado de la CUP, Joan Garriga. "Si incrementamos la conflictividad, evidentemente política, Cataluña dejará de ser un asunto interno y estará en la agenda internacional".

Desde el gobierno catalán prefieren aguardar y cuando esté todo listo, a inicios de 2017 en sus estimaciones, aprobar todas las leyes y la creación de las administraciones independientes que, entonces sí, implicarían un choque con Madrid.

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