El gobierno espera ahorrar 1.500 millones con la supresión de organismos superfluos de las comunidades autónomas


El Gobierno de España espera ahorrar un total de 1.500 millones de euros con la supresión de más de 700 organismos superfluos que dependen de las comunidades autónomas y que están en fase de supresión dentro de la reforma emprendida en el conjunto de las administraciones públicas.
Así lo aseguró este martes la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en unas jornadas sobre la reforma de las adminitraciones organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección bajo el título "Reformas y Eficiencia del sector público".
Sáenz de Santamaría pidió "reconocer la labor" que están realizado las comunidades autónomas a la hora de reducir entes innecesarios y subrayó que "han cumplido" en el reto que les planteó el Ejecutivo central cuando encargó un informe detallado de las duplicidades a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
Explicó que las comunidades se comprometieron en una primera fase a suprimir 515 entidades mercantiles, aunque finalmente llegaron a las 535 sociedades desaparecidas. Ahora, en una segunda fase, detalló que ese reto se amplía hasta los 708 organismos que deben ser eliminados.
La vicepresidenta destacó que esta medida permitirá un ahorro de 1.500 millones de euros y reducirá la "sobredimensión" de entidades, fundaciones, organismos en el conjunto de las administraciones públicas. Reconoció que este exceso suponía un problema porque se habían detectado entes "triplicados o cuadruplicados" que debían desaparecer.
En el caso del Gobierno central, señaló que ya resolvió parte del problema en una primera fase cuando se recibió el informe de la CORA en el mes de junio y ahora se ha dado un paso más para limpiar 67 organismos, de los cuales 53 fueron suprimidos en el Consejo de Ministros del pasado viernes.
Junto a las duplicidades, Sáenz de Santamaría apuntó otros problemas del conjunto de administraciones públicas como la falta de cooperación, el exceso de normas y leyes, la morosidad de las administraciones o la ausencia de una unidad de mercado real.
Sáenz de Santamaría manifestó que de las 218 medidas que tiene previsto poner en marcha el Gobierno para atajar los problemas de las administraciones públicas ya se están ejecutando un total de 209. De ellas, indicó que 15 están finalizadas, 82 se encuentran en fase de inicio, 90 en fase media y 22 en fase final.
La vicepresidenta del Ejecutivo concluyó que la crisis económica ha puesto de manifiesto que el país necesita un "cambio de mentalidad" en la gestión y en el empleo de fondos públicos y admitió que solventar todos estos problemas está siendo una tarea ardua pero "apasionante".

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