Francia pone en venta cuatro palacetes para recaudar 250 millones de euros

París, 13 feb.- El Estado francés va a sacar a subasta en marzo cuatro palacetes de un exclusivo distrito de París para recaudar unos 250 millones de euros (329,8 millones de dólares) con los que restaurar el complejo inmobiliario que a partir de 2016 acogerá nuevas oficinas ministeriales, informó hoy "Le Figaro".

Entre las cuatro joyas seleccionadas está el palacete de Clermont, declarado monumento histórico en 1980 y que en sus 4.243 metros cuadrados y su gran jardín, que datan de comienzos del siglo XVIII, alberga al ministerio de Relaciones con el Parlamento.

Más pequeño pero igual de imponente es el palacete de Vogüé, de finales del XIX, con 3.374 metros cuadrados que sirven de sede del Centro de Análisis Estratégicos, mientras que el de Broglie, de 7.158 metros cuadrados, acoge en la actualidad la secretaría de Estado encargada del Desarrollo de la Economía Digital.

El último de esos edificios destinado a acabar en manos de alguna gran fortuna es de Mailly-Nesle, sede de la Documentación francesa y que, al igual que el resto, está ubicado en el séptimo distrito de la capital gala.

Para convertirse en propietario de estos inmuebles, según declaraciones del presidente del Consejo Inmobiliario del Estado (CIE), Yves Deniaud, el postor parte con el requisito de ser generoso, para que las arcas públicas logren los 250 millones de euros buscados.

Las visitas todavía no han comenzado, pero con ese nivel de precios, según sus palabras, lo más probable es que esos edificios acaben en manos de príncipes cataríes o de millonarios rusos o chinos.

Con la cifra buscada el Estado se propone financiar la renovación de un gran complejo inmobiliario de 56.000 metros cuadrados que, a partir del año 2016, se espera que acoja la mayor parte de los servicios del primer ministro, además de dos gabinetes ministeriales y oficinas de autoridades independientes.

Los cuatro palacetes que saldrán a subasta se encuentran, según "Le Figaro", entre los cerca de 1.700 bienes que el Estado anunció en 2010 que deseaba vender, pese a la oposición de los defensores del patrimonio histórico, y la dificultad de hallar compradores capaces de sufragar el elevado mantenimiento de ese tipo de bloques.