Las cadenas autonómicas cuestan más al espectador que TVE, no bajan su deuda y cada vez necesitan más subvenciones. ¿Tienen futuro?

¿Qué haría usted con 1.800 millones de euros? Ese es el presupuesto de las trece televisiones públicas autonómicas que un año más se queda corto. Por ahora prevén pérdidas de unos 200 millones de euros (en 2008 fueron 1.361) y su deuda de 1.500 millones de euros seguirá creciendo. Las televisiones comerciales asociadas (UTECA) han dicho basta y tras conseguir retirar la publicidad como medio de financiación de TVE ahora ponen el grito en el cielo ante semejantes cifras. Piden al gobierno un canon para mantenerlas, que no reciban dinero por publicidad y que dejen libres algunas de las frecuencias que no utilizan. También recuerdan al espectador que cada año paga más a los entes autonómicos. En 2009 el coste neto por hogar se elevó a 144 euros (10 euros más). 110 euros se destinan a las autonómicas y 34 a RTVE.

Pero no todos los hogares españoles pagan por igual. Allí donde la autonómica emite en lengua distinta al castellano el coste es más elevado. Los 1.800 millones de euros de presupuestos equivalen aproximadamente al 1,1 por ciento de la media de todos los presupuestos regionales. Aunque existen Comunidades Autónomas, como la de Baleares, en la que este porcentaje se eleva al 3,5 por ciento. De los hogares baleares es de donde más dinero anual sale para su televisión autonómica de toda España.  La cifra se eleva a 233 euros al año, seguidos por los 218 del País Vasco. Los madrileños son los que menos pagan, 68 euros. Y es que el coste de las televisiones "se dispara" en el caso de las cadenas que tienen idiomas diferentes al castellano.

Pero además del dinero del contribuyente las autonómicas se financian por la publicidad y por las ayudas. Sólo éstas últimas consiguen darles un respiro. Desde el año 2006, los ingresos por venta de publicidad de las televisiones autonómicas han caído un 39 por ciento, mientras que en el mismo periodo de tiempo el incremento total del importe de las subvenciones que las distintas administraciones destinan a estos medios ha sido del 48 por ciento. Estas subvenciones representan el 50 por ciento de los ingresos de las televisiones pública, según un informe elaborado por Deloitte para UTECA.

Un canon, ya

Alejandro Echevarría, presidente de UTECA, propone imponer un canon para financiar las cadenas autonómicas y que "salgan de los presupuestos públicos. No se entiende que se haya establecido un canon digital para subvencionar a unas entidades privadas como son las de gestión de derechos de autor y, por el contrario, que los políticos no se atrevan a crear el que financie la televisión pública".  Echevarría no entiende cómo no están en cola los gestores de las televisiones públicas autonómicas y municipales para apuntarse al modelo de financiación de RTVE sin publicidad. "Para un gestor público, la certeza del presupuesto siempre es mejor que la incertidumbre del mercado".

Y es que la publicidad que ya no engorda las arcas de RTVE desde el 1 de enero de 2010 es una de las causas por las que las cadenas privadas hayan arrojado en 2009 resultados positivos. Echevarría apunta que ahora "las televisiones comerciales tienen acceso a un volumen de inversión cercano a los 500 millones de euros y los precio de la publicidad se ajustan, ya que en los últimos años se habían mantenido artificialmente bajos".

Sin publicidad

Y es aquí donde las televisiones autonómicas vuelven a generar polémica. Silvio González, consejero delegado de Antena 3 ha subrayado que "es objetivamente insostenible que empresas públicas compitan con empresas privadas, ejerciendo exactamente la misma actividad que ellas, obteniendo sus ingresos en el mismo mercado publicitario y, además, recibiendo importantísimas ayudas públicas sin ninguna contrapartida real".

González, durante su exposición en la jornada anual UTECA, aseguró que "no parece ajustarse especialmente a la normativa de competencia que las cadenas autonómicas vendan sus espacios publicitarios un 30% más baratos de lo que la lógica del mercado impone. Esta cuestionable y agresiva práctica les ha permitido captar en la primera mitad del año y en el mercado de la publicidad nacional (no en el regional) un 10% de la inversión liberada por TVE".

Para González el argumento para perpetuar este sistema está al amparo "del tan manido y más que discutible discurso del ‘servicio público’". Pero ¿qué entiende la ley por servicio público?: “La producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio, televisión y servicios de información en línea con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público...” “...cubriendo todos los géneros, destinadas a satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad y a preservar el pluralismo en los medios de comunicación”. Esto ¿no lo hacen tanto las cadenas públicas como privadas?, se llegó a preguntar González quien concluye que "la Ley se ha convertido en un aliado más de un modelo claramente anti-mercado y con una clara vocación de despilfarro del dinero público".