AI denuncia la situación de mujeres y niñas en Burkina Faso, sin "control sobre sus vidas"

EUROPA PRESS

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes que el matrimonio forzado y precoz está arrebatando la infancia a niñas de no más de 13 años en Burkina Faso, un país en el que además el costo de los métodos anticonceptivos y otros obstáculos les impiden decidir si quieren ser madres y cuándo.

El informe, 'Coaccionadas y privadas de derechos: Matrimonios forzados y obstáculos a la contracepción en Burkina Faso', saca a la luz, según Amnistía, la cantidad de mujeres y niñas que son objeto de amenazas o palizas en el país cuando tratan de tomar sus propias decisiones sobre el momento de contraer matrimonio o de procrear.

"En Burkina Faso son demasiadas las mujeres y niñas que no tienen ningún control sobre sus vidas: se les niega su derecho a decidir si quieren casarse, cuándo hacerlo, con quién y si quieren tener hijos", ha denunciado, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, Alionue Tine.

"En cuanto se casan, se espera que las niñas tengan descendencia cuanto antes. Los embarazos precoces aumentan enormemente el riesgo de muerte entre las niñas o de que sufran lesiones físicas que les cambian la vida para siempre", ha lamentado, subrayando que "muy pocas tienen la oportunidad de ir a la escuela o de terminar sus estudios".

Según Tine, "en determinadas áreas de Burkina Faso, más de la mitad de las niñas están casadas antes de cumplir los 18 años". "Esto tiene que acabar. Ni la familia ni la comunidad en general deben tomar decisiones sobre los cuerpos de las niñas, pues así se les niega la oportunidad de cumplir sus propios sueños y esperanzas de futuro", ha reclamado.

El equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó a 379 mujeres y niñas en 2014 y 2015, y documentó la multiplicidad de obstáculos que les impiden acceder a servicios de salud anticonceptiva. Entre los testimonios, figuran los de 35 víctimas de matrimonio forzado y precoz que lograron escapar de esa situación.

A pesar de que, según la legislación de Burkina Faso, la edad mínima para el matrimonio de las niñas es de 17 años, más de la mitad (51,3 por ciento) de las jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 17 ya están casadas en la región del Sahel, al norte del país.

En Burkina Faso, las familias con frecuencia deciden casar a sus hijas para consolidar alianzas familiares, adquirir estatus social o a cambio de bienes, dinero o servicios.

"MUJER DE REGALO"

El informe también constata una práctica documentada en algunas partes del país conocida como "Pog-lenga", que significa "mujer de regalo": según esta tradición, una novia puede llevar también a su sobrina a la familia de su esposo como regalo adicional por el matrimonio.

Céline, una niña de 15 años que huyó el día de su boda, contó a Amnistía Internacional que la habían obligado a casarse con un familiar del esposo de su tía. "Yo no quería casarme con ese hombre. Mi tía me dijo: 'Si te escapas, te destruiremos'. Yo huí de la casa de mi esposo y regresé a mi poblado, pero, cuando llegué allí, mi familia dijo que no podía vivir con ellos en el poblado", explica.

Las niñas que se resisten a los matrimonios forzados se enfrentan a una presión tremenda de sus familias y de la sociedad, incluidas amenazas de violencia.

En el caso de María, de 13 años, su padre la casó con un hombre 70 años que ya tenía cinco esposas. "Mi padre me amenazó, me dijo: 'Si no te reúnes con tu esposo, te mataré'", relata. María abandonó su hogar y caminó casi 170 kilómetros durante tres días para buscar protección en una casa refugio para niñas.

ABUSOS VERBALES Y FÍSICOS

Casi todas las mujeres y niñas entrevistadas por Amnistía Internacional describieron los abusos verbales y la violencia física que sufrieron cuando plantearon el tema de la contracepción a sus parejas. También contaron que, al no disponer de ningún control sobre los recursos económicos, se veían obligadas a pedir a sus parejas dinero para comprar productos anticonceptivos.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por reducir el precio de los anticonceptivos, muchas mujeres y niñas afirmaron no poder permitírselos.

Según cifras oficiales, menos del 16 por ciento de las mujeres usa métodos modernos de contracepción, lo que aumenta extraordinariamente el riesgo de embarazos no deseados y a veces de alto riesgo. Organismos de la ONU han resaltado que el uso de métodos anticonceptivos reduce enormemente los índices de mortalidad materna.

Casi el 30 por ciento de las niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años de las zonas rurales están embarazadas o han tenido su primer bebé, a pesar del riesgo que supone que tengan el doble de probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las que superan los 20 años.

Por otra parte, Amnistía ha denunciado que la legislación que prohíbe el matrimonio forzado y a edad es discriminatoria puesto que en el caso de los varones fija la edad mínima en 21 en el de las mujeres en 17. Además, ha subrayado, la ley solo es aplicable a los matrimonios que registra el Estado --una parte ínfima de los que realmente se celebran-- y no a los que tienen lugar por ritos tradicionales o religiosos.

Según la ONG, el Gobierno se ha comprometido a modificar la ley, pero antes tiene que garantizar que aplica con carácter de urgencia reformas legales que aseguren la inscripción y verificación de todos los matrimonios, y establecer en 18 años la edad mínima para el matrimonio para todas las personas.

Asimismo, Amnistía ha reclamado al Gobierno que facilite de forma gratuita al menos algunos productos anticonceptivos para que las mujeres puedan usarlos con seguridad y de forma discreta. "Burkina Faso cuenta con una de las tasas más elevadas de matrimonio forzado y precoz del mundo, y una de las más bajas en el uso de métodos anticonceptivos", ha resaltado Alioune Tine.

"Es crucial que el Gobierno respete el derecho de las niñas a tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos, sus vidas y su futuro. Los recientes compromisos anunciados para acabar con los matrimonios prematuros son una medida que supone un bienvenido paso adelante, pero hasta que esas promesas se conviertan en una realidad cotidiana, las niñas seguirán pagando el precio", ha remachado.

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