CIENTOS DE ONG Y PROFESORES PIDEN A LOS ESTADOS QUE EXPLIQUEN QUÉ HACEN PARA LOGRAR QUE LA EDUCACIÓN SEA UNIVERSAL EN 2030

Más de 300 entidades, entre sindicatos, ONG, escuelas y movimientos sociales,`promueven la Campaña Mundial por la Educación (CME) ‘Piden la palabra’, para exigir a los gobiernos que rindan cuentas, sean transparentes y creen espacios de participación ciudadana para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 en el ámbito educativo.
Por este motivo, volverán a organizar la Semana de Acción Mundial por la Educación, que se celebrará en 124 países del 24 al 29 de abril. Bajo el lema ‘Pido la palabra por la educación’, sus promotores pretenden resaltar la importancia de la participación activa de la ciudadanía, en especial de las comunidades educativas, a la hora de garantizar el cumplimiento del derecho a una educación de calidad universal. En España habrá actividades de calle y actos reivindicativos en 16 comunidades, en las que se prevé la participación de más de 10.000 personas.
Los promotores de la iniciativa señalan que 2017 es un año crítico de cara a garantizar el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030, pues los Estados deberán definir qué indicadores servirán para medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos, el referido a la educación.
Según la CME, resulta “fundamental” que los gobiernos rindan cuentas ante la ciudadanía en relación al compromiso adquirido en el ODS4 y que sean transparentes en los procesos políticos necesarios para cumplirlo.
Por ello, sus peticiones se dirigen a las administraciones públicas y representantes políticos a todos los niveles –estatal, autonómico y local–, y reclaman la elaboración de una hoja de ruta “clara y creíble” para la implantación de la agenda; garantizar una inversión suficiente, y asegurar la rendición de cuentas y la transparencia de dicha gestión.
Desde la CME recuerdan que en la actualidad hay 263 millones de niños y adolescentes sin acceso a la educación, debido a distintas causas como vivir en contextos de crisis o en zonas rurales remotas, la falta de recursos e infraestructuras adecuadas, la escasez de personal docente cualificado y la discriminación por motivos de raza, género o discapacidad. A esta cifra hay que añadir las 758 millones de personas adultas analfabetas (dos tercios de ellas mujeres), que también necesitan instrucción básica.