MADRID. LA COMUNIDAD APRUEBA UN PLAN DE TUTELA DE ADULTOS QUE PERSIGUE “EVITAR EL RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL”

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), dependiente de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, ha aprobado su Plan Estratégico de Actuación 2016-2021, que tiene entre sus objetivos principales la “mejora en la atención de las personas tuteladas evitando el riego de exclusión social”.
El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, explicó el pasado lunes en la comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid, que es “nuestra obligación promover la incorporación de todas las personas que tutelamos en nuestra sociedad y su participación social debe ser el principal objetivo de nuestras actuaciones, para lo que hemos de incidir en los ratios de atención por cada trabajador así como implantar nuevos modelos de intervención social”.
Izquierdo señaló que “como objetivo primero queremos llegar a una atención óptima (35-40 personas por trabajador social), a través de incremento de personal” e informó de que actualmente la ratio esta en 70-90 personas atendidas por cada trabajador social. Además, explicó que “es este un modelo denominado de soporte a través del cual nos garantizamos una atención básica a las personas tuteladas y en el que nos centramos en proveerles de sus necesidades básicas: alojamiento y manutención”.
También afirmó que “queremos avanzar hacia un modelo de calidad y no de soporte en que podamos ahondar en mejorar claramente sus condiciones de vida y su inclusión total en la social como ciudadanos de pleno derecho”.
El consejero, que acudió a la Cámara regional para informar sobre el balance de gestión y actuaciones futuras que tiene previsto desarrollar la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, indicó que “atendemos principalmente personas con enfermedad mental, personas con discapacidad y personas mayores con algún tipo de deterioro cognitivo”. “Para cada uno de estos perfiles se ha de diseñar un modelo de intervención específico pues las necesidades y dificultades son distintas”, añadió.
Habló de los diferentes programas diseñados y citó los de educadores y equipos de calle para atender a personas que residen en domicilio en grave riesgo de exclusión social, de intervención socio comunitaria para personas sin hogar, de mantenimiento de las personas mayores de 65 años en domicilio y de inclusión, empleo y ocio para personas con discapacidad y/o enfermedad mental.
El plan 2016-21 tiene como segunda línea de actuación la “sensibilización y la participación de la sociedad”, la tercera es la de “asesoramiento e información”, la cuarta la “formación y especialización”, la quinta la referida a las “nuevas tecnologías” y última línea de actuación es la “racionalización del gasto”.
INCREMENTO DE PRESUPUESTO
Izquierdo destacó que para llevar adelante todas estas medidas ha sido necesario un incremento del presupuesto de la AMTA en un 36% más que en el ejercicio anterior, hasta alcanzar los 6,9 millones de euros.
Dijo que “si hay algún colectivo desfavorecido y vulnerable, es el de aquellas personas con la capacidad judicialmente modificada y que son tuteladas por la AMTA”.
“Se trata de personas que además de padecer una enfermedad o una discapacidad, que les impide el autogobierno, generalmente carecen de recursos y de apoyo familiar, siendo denominador común en casi todas ellas la soledad”, explicó.
Respecto a la memoria de 2015, dijo que ese ejercicio “ha sido muy importante para la agencia, por los cambios organizativos y de reestructuración del personal, y por las mejoras habidas, cuyos resultados no solo se visualizan en los datos sino en un sentir general, una percepción positiva de la agencia que existe en los juzgados de la Comunidad, los fiscales o los agentes sociales así como en la red de servicios sociales y de salud mental”.
Explicó que “del total de personas que atiende la agencia, el volumen mayor son tutelas, que es la institución de guarda de máxima protección, que procede cuando se declara la incapacidad total de una persona para regir su persona y sus bienes, convirtiéndose el tutor en el representante legal del incapaz tanto en el ámbito personal como en el patrimonial, lo que supone además de representar a la persona, el cuidado de su salud, y la administración de sus bienes”.