EL CONGRESO CONVALIDARÁ EL JUEVES EL DECRETO QUE PRORROGA LA MORATORIA CONTRA DESAHUCIOS HASTA 2020

El Pleno del Congreso de los Diputados celebrará el próximo jueves el debate de convalidación o derogación del real decreto que recoge la prórroga hasta 2020 de la medida por la que se suspenden los desahucios de vivienda habitual para familias en situación de vulnerabilidad.
La norma recibirá, previsiblemente, el visto bueno de la Cámara porque el Ejecutivo ha consensuado el texto con el PSOE. El Gobierno había anunciado inicialmente la prórroga de la suspensión de los lanzamientos de vivienda habitual a familias vulnerables hasta el 15 de mayo del año 2019, aunque se mostró favorable a ampliarlo un año más como recogía una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados.
En el decreto se recoge también una ampliación del concepto de familias vulnerables, hasta ahora aquellas con hijos menores de tres años, a unidades familiares con hijos menores de edad.
También se recoge ahora como beneficiarios la unidad familiar monoparental con hijos a cargo, en vez de con dos hijos, y se amplía el supuesto de situación de desempleo, al eliminarse el requisito de haber agotado las prestaciones.
Por otra parte, con esta norma se amplía al Código de Buenas Prácticas el criterio de unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género y los hogares en los que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave.
En otro bloque de medidas se introduce en el Código de Buenas Prácticas la opción de alquiler de la vivienda habitual ejecutada y se establece que el precio máximo anual del alquiler será el 3% del valor de la vivienda. El arrendamiento tendrá una duración de cinco años, prorrogable otros cinco.
Además, el Gobierno, en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor del real decreto, propondrá medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de suspensión de lanzamientos.