La FAMP valorará un acuerdo de colaboración con la Fundación QSD Global para la búsqueda de personas desaparecidas

Según informa en una nota la FAMP, para Villalobos "es imprescindible que el personal de las entidades locales esté preparado también para estos casos, sobre todo en pequeños municipios, pues las familias acuden en primera instancia al Ayuntamiento cuando se producen estos sucesos".

Cada año, los datos de desapariciones en España sobrepasan las 10.000 personas, de las que no se llega a localizar nunca a más de 100 de ellas. Según fuentes de la Fundación QSD Global, "la gran mayoría de los casos se resuelven mientras que un 10 por ciento persisten sin posibilidad de demostrarse si los ausentes siguen vivos o muertos; una parte de éstas últimas integran el denominado grupo ausentes sin causa aparente".

La Fundación está configurada bajo un modelo de red colaborativa en la que participan entidades públicas y privadas, asociaciones de familiares, universidades, grupos de investigación, cuerpos y fuerzas de seguridad y también personas que, a título individual, fortalecen la acción de esta entidad.

Una vez concretada la firma, desde la FAMP se podría impulsar la adopción de todo tipo de acuerdos entre las administraciones competentes, así como las entidades que trabajan en la seguridad y convivencia ciudadana para la promoción de los derechos fundamentales, en relación con la libertad y la seguridad personal.

El presidente de la FAMP ha señalado que "una vez que se produce la desaparición, el lugar donde se ha producido el suceso es clave, y el papel de los ayuntamientos para responder con eficacia resulta imprescindible; también es importante la atención a las familias y, sobre todo, la coordinación de algunos ámbitos para lo que resultan muy útiles los protocolos municipales de actuación en las primeras horas de una desaparición".

El estudio de la problemática de las personas desaparecidas en España tiene su origen en el informe generado por la Comisión Especial creada en el Senado en 2014, un documento que instaba a las instituciones, y a todas las entidades públicas y privadas, a contribuir para mejorar los mecanismos de respuesta, búsqueda y atención en estas circunstancias que tanto dolor ocasiona a muchos ciudadanos y ciudadanas.