LA FISCALÍA APUESTA POR ACELERAR LOS PROCESOS DE IGUALDAD Y DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha destacado la necesidad de acelerar los procesos de igualdad y de garantía de derechos de las personas con discapacidad.
Madrigal hizo estas declaraciones durante su participación en la VI Jornada Jurídica de la Fundación Síndrome de Down de Madrid sobre Derecho de la Discapacidad. Tras la inauguración por parte de la presidenta del Patronato de Down Madrid, Inés Álvarez, la máxima responsable del Ministerio Fiscal defendió que “la discriminación positiva es una realidad que debe inspirar la actividad de todos los poderes públicos para acelerar los procesos de igualdad y de garantía de derechos” de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Además, Madrigal subrayó también la importancia que tiene la protección jurídica de las personas con discapacidad y el hecho de abordar esta cuestión desde el punto de vista de los derechos fundamentales.
En su opinión, los poderes públicos han de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad "para que puedan decidir conforme a su voluntad y sus preferencias y no vean restringida su capacidad de obrar libremente".
Asimismo, la fiscal general del Estado destacó el valor de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de cuya firma se cumple este año una década.
A su juicio, este instrumento ha ejercido un efecto muy positivo a nivel pedagógico y de sensibilización de la sociedad, además de mejorar la visibilidad de este grupo ciudadano y de promover un cambio de percepción para abordar la discapacidad "como una cuestión de derecho, de diversidad funcional, de riqueza y de dignidad humana".
EDUCACIÓN INCLUSIVA
En relación al marco jurídico de la educación inclusiva, el fiscal Carlos Eloy Ferreirós, de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, afirmó que la inclusión educativa consiste en que el sistema se adapte al alumno y no al revés. "Mirar la educación desde un prisma inclusivo supone pasar de ver al niño como el problema a considerar que el problema es el sistema educativo", dijo.
Según explicó, en el curso escolar 2013-2014 eran más de 131.000 los alumnos con discapacidad escolarizados en colegios ordinarios y más de 31.000 los que asistían a clase en centros de educación especial.
En este sentido, apuntó que "la Administración debe tender siempre a la escolarización ordinaria inclusiva de los alumnos con discapacidad y tan sólo optar por la educación especial cuando los ajustes y adaptaciones que deba realizar sean desproporcionados".
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EMPLEO
Por su parte, el director de Empleo de Down Madrid, Jorge González, expuso cuál es la situación actual de contratación de personas con discapacidad intelectual por parte de las diferentes administraciones públicas.
Según explicó, la Administración pública reserva actualmente el 7% de sus plazas a personas con discapacidad, lo que complica el acceso de las personas con discapacidad intelectual, que por su condición tienen más dificultades a la hora de realizar los exámenes.
En su intervención, González estuvo acompañado por Daniel Sánchez y Victoria Agúndez, dos usuarios de Down Madrid que dieron a conocer sus respectivas experiencias tras finalizar su período de prácticas en diferentes ministerios.
El director de Empleo de Down Madrid consideró, a este respecto, que "existe un número importante de empleos que podrían desarrollar personas con discapacidad intelectual" y pidió que se mejore el acceso de este colectivo a los puestos de trabajo de las administraciones públicas.
En la jornada participó también la fiscal Nuria López Mora, delegada del Fiscal General en el Foro de Justicia y Discapacidad, que ofreció una ponencia sobre las personas con discapacidad intelectual ante los conflictos parentales.
La fiscal madrileña repasó el procedimiento para dirigirse a la Fiscalía en estos casos, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de la persona con discapacidad y las situaciones que se pueden producir en familias en conflicto con hijos con la capacidad de obrar modificada.