INMIGRACIÓN. SAVE THE CHILDREN ALERTA SOBRE LA SITUACIÓN DE MENORES ACOGIDOS EN UN CÁMPING DE CÁDIZ

Save the Children ha enviado una carta a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, para denunciar la situación que están viviendo un grupo de unos 60 menores extranjeros no acompañados que comenzaron a llegar a las costas de Cádiz a mediados de agosto.
La organización señala en la misiva que los adolescentes se encuentran alojados en infraestructuras que no son las adecuadas y que no cumplen “con las obligaciones de la Junta de Andalucía en lo referente a acogida, protección e integración de los menores de edad bajo su tutela establecidas en la Ley 1/1998 de 20 de abril de los Derechos y Atención al Menor”.
Desde la ONG denuncian que la Administración andaluza haya tenido que alojar a estos jóvenes en un camping de la costa de Tarifa como parche al repunte, durante los últimos meses, de la llegada de pateras a las costas andaluzas desde el norte de Marruecos.
En lo que llevamos de año, más de 2.000 menores de entre 14 y 17 años que viajan solos han logrado cruzar el Mediterráneo y llegar al litoral andaluz. Por todo ello, los centros de menores del entorno de Cádiz están colapsados.
Save the Children considera que la acogida en el cámping supone una vulneración de los derechos de los menores y señala que estos adolescentes tienen que recibir asistencia por parte de personal especializado. Además, la administración debe de poner en marcha los pertinentes informes para tramitar sus permisos de residencia y de trabajo.
La carta enviada a la Junta de Andalucía traslada además la urgencia de proporcionar a estos chicos plazas adecuadas en los centros de protección. En la misiva, Save the Children también muestra su preocupación ante las informaciones que señalan que algunos menores habrían decidido abandonar las instalaciones donde se alojan y que se encontrarían en una situación de extrema vulnerabilidad al hallarse solos en situación de calle y sin la protección de la administración pública. Por ello, la entidad ha demandado a la Junta la información pertinente para esclarecer la situación.