Las fuerzas estadounidenses el 3 de octubre un hospital gestionado por MSF en Kunduz y mató a 42 personas, entre ellas 14 trabajadores de la organización. Washington ha concluido que se debió a una serie de factores y, al no haber intencionalidad, ha descartado que se trate de un crimen de guerra.
MSF ha apuntado en un comunicado que examinará en detalle el informe para determinar "si responde o no las muchas preguntas que aún subsisten siete meses" después, si bien ha aprovechado para reivindicar lo que ha venido pidiendo desde que tuvo lugar el ataque: una investigación "independiente e imparcial" de la Comisión Humanitaria Internacional.
En este sentido, la ONG ha subrayado que no puede quedar "satisfecha" con una investigación militar, a pesar de que reconoce los "esfuerzos" realizados por las autoridades norteamericanas para esclarecer lo ocurrido.
Una responsable de MSF, Meinie Nicolai, ha apuntado que el informe supone la "admisión" de que "se trató de una operación militar sin control en un área urbana densamente poblada, durante la cual las fuerzas de Estados Unidos no lograron seguir las reglas de guerra básicas".
"Es incomprensible que, bajo las circunstancias descritas por Estados Unidos, el ataque no fuese suspendido", ha afirmado Nicolai, quien ha criticado que la línea para establecer si fue una "grave violación" del Derecho Humanitario esté determinada por "si fue intencionado o no".
"Con coaliciones multinacionales luchando bajo diferentes normas de combate en el amplio espectro de conflicto actuales, ya sea en Afganistán, Siria o Yemen, los grupos armados no pueden evadir sus responsabilidades en el campo de batalla, simplemente descartando la intención de atacar un recinto protegido como lo es un hospital", ha advertido.
RENDICIÓN DE CUENTAS
La investigación reclamada por MSF va en la línea de la rendición de cuentas, ya que considera que las sanciones administrativas anunciadas por Estados Unidos no bastan para depurar responsabilidades por el bombardeo de un centro médico protegido y la muerte directa de 42 personas.
La ONG ha señalado que, sin una rendición de cuentas "significativa", todos los actores involucrados en un conflicto reciben una "preocupante señal". Además, deja a las víctimas sin opción de emprender acciones legales contra las fuerzas responsables de la matanza, lo que termina por agravar la "devastación".
De cara al futuro, ha reclamado "garantías explícitas" de todas las partes implicadas en Afganistán "de que no habrá interferencia militar o uso de la fuerza en contra de las instalaciones apoyadas por MSF, del personal, pacientes y ambulancias". Hasta que no existan estas garantías, MSF no decidirá si es seguro reanudar sus actividades en Kunduz.
"No podemos poner a nuestros equipos, incluyendo a nuestros colegas que sobrevivieron al traumático ataque, a trabajar de nuevo en Kunduz sin tener primero la firme y clara garantía por parte de todos los actores involucrados en el conflicto de que esto no sucederá de nuevo", ha insistido Nicolai.
La responsable de MSF ha pedido también garantías de que el personal vinculado a la organización podrá trabajar "de manera segura" y atendiendo únicamente a las necesidades médicas de los pacientes, "sin discriminación y sin importar sus afiliaciones políticas, militares o religiosas". "Cada día que pasamos sin estas garantías aumenta la cifra de muertos por el ataque, debido a la pérdida de servicios médicos vitales para la gente en la región", ha sentenciado.
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