La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha cerrado una queja de oficio tras comprobar que ya se está aplicando el protocolo de atención en urgencias a personas en situación de riesgo social y que la nueva versión del mismo recoge, en cierta medida, algunas de las sugerencias de la institución.
En el texto de la resolución, consultado por Europa Press, la Oficina del Defensor recuerda que se inició este expediente de queja de oficio para investigar la implantación en las urgencias de los centros hospitalarias del protocolo de atención a las personas en situación de riesgo social, y conocer los resultados de la evaluación de funcionamiento, que al cabo de un año, estaba llevando a cabo la Administración sanitaria.
A este respecto, el Defensor indica que el informe remitido de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS) indica que la totalidad de los hospitales públicos cuenta con un procedimiento específico de atención, habiéndose adaptado el mismo al protocolo actualizado con anterioridad a 2015 en un 51,65 por ciento de los casos, y durante dicho ejercicio en el 48,39 por ciento.
Además, apunta que el informe también señala que todos cuentan con una guía de servicios sociales comunitarios y disponen de un profesional de trabajo social de referencia --excepto el hospital Alto Guadalquivir que se vale del apoyo de profesionales de atención primaria y servicios sociales--, "llevándose siempre a cabo un seguimiento de las personas acogidas al procedimiento, tanto en urgencias, como después del alta".
Al mismo tiempo, según el Defensor, dicho informe indica que el 96,77 por ciento de los hospitales ha definido una estrategia específica para el caso de inexistencia de recursos sociales, encontrándose aquella en elaboración en el hospital de Riotinto; y que un 83,87 por ciento tiene un sistema de registro específico para esta tipología de proceso, mientras que el resto se vale de los sistemas de información general del hospital.
Por otro lado el 70,97 por ciento de los centros dispone de un espacio para llevar a cabo las entrevistas en el ámbito de urgencias, mientras que los demás los tienen en otros servicios.
Por último, y por lo que respecta a la formación de los profesionales de urgencias y los responsables de la utilización de la guía de servicios sociales comunitarios, la Defensoría señala que se alude a su desarrollo al momento de elaboración del informe, incorporándose otras actividades de esta naturaleza al plan de formación de este año 2016.
966 PERSONAS DERIVADAS A ALGÚN RECURSO SOCIAL
Además, el informe comenta que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2015 comparecieron en los servicios de urgencia de hospitales públicos andaluces 1.591 personas que cumplían alguno de los criterios de riesgo social contemplados en el protocolo, se menciona que 966 fueron derivados a algún recurso social, (60,72%), y 383 prolongaron la estancia en el centro.
En este sentido, apunta que los hospitales que recibieron un mayor número de pacientes de estas características fueron, en orden decreciente: Virgen del Rocío (215 casos), Torrecárdenas (118), Virgen Macarena (110), Regional de Málaga (107) y Costa del Sol (103).
Ahora bien, Maeztu señala que en la medida en que no se distingue por criterio de inclusión, "no puede contabilizar cuáles de estos casos se correspondieron con la tipología de personas sin hogar", y por lo tanto "cuál fue la pauta de intervención más frecuente en los mismos y el tipo de recurso utilizado para la derivación cuando se pudo poner en práctica esta vía".
Al respecto, apunta que "no está de más hacer esta precisión puesto que una de las observaciones que desde esta Institución realizamos a la propuesta de protocolo es que no existen espacios sociosanitarios a los que estas personas puedan acceder temporalmente en tanto se resuelve la enfermedad o al menos la crisis de la misma, y mientras se analiza su situación con idea de alcanzar otra solución que pudiera resultar definitiva en relación con la problemática social que les afecta".
En esta tesitura, recuerda que también reflejó que los centros residenciales que se integran en el sistema de servicios sociales especializados "no se conciben como dispositivos temporales para recibir cuidados y atención sanitaria, y que no está previsto un acceso inmediato a los mismos, el cual normalmente exige el reconocimiento de dependencia y la instrumentación de un largo procedimiento".
En todo caso, precisa que en el informe remitido por el SAS se indica que las derivaciones se han producido, con carácter general, a los siguientes tipos de recursos: centros residenciales, centros de acogida, centros de atención a drogodependencias, ayuda a domicilio, centro de atención a la mujer, servicio de protección de menores, servicios sociales comunitarios, dispositivos de salud mental, unidades de estancia diurna, ONG y viviendas de apoyo a enfermos de SIDA.
En definitiva, se afirma que el procedimiento se está aplicando en todos los hospitales, planteándose como áreas de mejora los tres puntos que se reflejan a continuación: diferenciar criterios de riesgo social y urgencia social, para poder establecer un nivel real de prioridad en la atención a personas vulnerables; determinar protocolos consensuados con los organismos de los que dependen los recursos sociales más utilizados, e incrementar la formación,
Por último, según la Oficina el informe apunta a una nueva versión actualizada del protocolo --fechada el 7 de agosto de 2015 que viene a sustituir a la que lo fue el 16 de marzo de 2014--, tras cuyo análisis, aparte de algunas precisiones terminológicas, se descubre un nuevo apartado dedicado a la descripción de funciones, tanto del personal de triaje, como del equipo responsable, en el que se contemplan aspectos más relacionados con la asistencia de urgencias propiamente dicha.
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