IU PIDE REORIENTAR LA POLÍTICA ENERGÉTICA PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS RENOVABLES DE 2020

- Y fijar un objetivo del 40% para 2030. La eurodiputada de IU Paloma López cree que España debe reorientar su política energética, ya que está en riesgo el cumplimiento de los objetivos de renovables para 2020 y para que se pueda fijar un objetivo del 40% en 2030, algo que considera imprescindible para que la aportación de este tipo de energías sea prácticamente del 100% en 2050.
Así se expresó López en una entrevista con Servimedia, donde presentó algunas de las conclusiones del informe que ha elaborado como ponente del Parlamento Europeo sobre el progreso de las energías renovables en la Unión Europea.
Este texto, que ha sido aprobado por 444 votos a favor, 133 en contra y 23 abstenciones, debe servir para que la nueva directiva, que verá la luz el próximo semestre, haga una apuesta decidida por las energías renovables.
Dicho informe sitúa a España en el grupo de países en los que está en riesgo el cumplimiento de los objetivos para 2020, junto a Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y Holanda, el único Estado miembro que no cumplió la meta de 2014.
López lamentó que España se encuentre en esta situación, “cuando estábamos a la cabeza de desarrollo de energías renovables con una apuesta muy decidida por ellas”, y atribuyó este cambio a las medidas adoptadas en la última legislatura.
En concreto, dijo que se ha creado “inseguridad jurídica” con medidas como el recorte a la retribución de las energías renovables o la decisión de que quienes produzcan su energía deban pagar el mantenimiento de la red, lo que se conoce como el “impuesto al sol”.
Entre los puntos contenidos en el informe, López destacó que “hemos vuelto a poner en valor la importancia que tienen los objetivos vinculantes”, ya que algunos partidos pedían que fueran recomendaciones; y también valoró que “hemos garantizado el 30% de renovables para 2030”, frente a la Comisión Europea, que proponía el 27%.
Además, hizo referencia a la inclusión de una enmienda que recoge estándares laborales en materia de generación de empleo de calidad, para aprovechar el “gran potencial” del sector, y lamentó que no haya incluido garantías sociales para los consumidores vulnerables.