El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha indicado que si en el Gobierno regional se ha hecho algo "mal" en torno a las ayudas a los centros de formación que investiga la Fiscalía, entonces habrá que "cambiarlo" y el responsable tendrá que "pagar las consecuencias".
El jefe del Ejecutivo ha respondido así a preguntas de los medios sobre esta causa abierta por el Ministerio Público a raíz de una denuncia interpuesta por una academia, que "tendrá sus razón" para hacerlo.
"Es un país libre", ha apostillado al respecto el presidente, antes de comentar que la empresa en cuestión ha dicho que se sentía "marginada" por la adjudicación de los cursos por parte de la Consejería de Empleo.
Ante esto, el fiscal ha pedido "datos", y a Revilla le parece "perfecto". Y si "alguien" ha hecho algo "mal", habrá que "cambiarlo" y "pagar las consecuencias". Ha añadido que todos los ciudadanos pueden presentar "demandas y quejas" sobre el funcionamiento de la administración.
El Gobierno de Cantabria se puso a disposición de la Fiscalía para aportar toda la documentación adicional que precise, después de que este jueves agentes de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) se llevasen el pasado jueves expedientes administrativos de homologación de centros de formación para el empleo.
También se llevaron documentación sobre la puntuación otorgada a los centros de formación desde 2007 en concepto de accesibilidad universal de sus instalaciones.
En concreto, se llevaron expedientes del Servicio Cántabro de Empleo, la Consejería de Presidencia y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICCAS), en este último caso sobre temas relacionados con la accesibilidad de los centros de formación.
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