Aborto. El cgpj aprueba un informe que pide cambios, aunque no la retirada de la reforma del gobierno

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy un informe que pide cambios, aunque no la retirada, en la reforma del aborto que promueve el Ejecutivo. Entre otras cosas, el órgano de gobierno de los jueces plantea desligar la malformación del feto del riesgo psíquico de la madre y que la Sanidad pública debe cubrir la realización de los “múltiples informes médicos” exigidos para abortar.
En concreto, el CGPJ dio el visto bueno a la ponencia elaborada por la vocal Carmen Llombart, cuyo informe obtuvo 10 votos a favor, 8 en contra y 3 en blanco. Los vocales también tuvieron sobre la mesa otro dictamen de la vocal Pilar Sepúlveda, que criticaba duramente la reforma del Ejecutivo y reclamaba su retirada. Este segundo texto fue rechazado por 10 votos en contra, 8 a favor y 3 en blanco.
A favor del documento finalmente aprobado votaron el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, así como los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
En contra del texto se pronunciaron Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Los vocales Fernando Grande-Marlaska, Enrique Lucas y Mercè Pigem han votado en blanco.
El informe aprobado, a partir de la ponencia de la vocal Carmen Llombart, sostiene que la legislación sobre el aborto debería “desligar” la malformación del feto de los problemas de salud mental de la madre.
Se considera que la definición que da el anteproyecto de lo que considera anomalía incompatible con la vida y su vinculación inseparable con la viabilidad posterior al parto “no presenta la particularidad del eventual conflicto que se suscita en el resto de supuestos de indicación terapéutica”.
Otros puntos del informe son que la Sanidad pública debe cubrir la realización de los “múltiples informes médicos” exigidos por el anteproyecto antes de la interrupción voluntaria del embarazo.