Amnistía fiscal en Marruecos atrajo una cifra récord de mil millones de euros

  • La amnistía fiscal para los evasores marroquíes que tienen capital en el extranjero permitió aflorar este año unos 12.000 millones de dirhams (1.089 millones de euros), una cifra récord que duplica lo que el Gobierno marroquí tenía previsto atraer.

Rabat, 25 dic.- La amnistía fiscal para los evasores marroquíes que tienen capital en el extranjero permitió aflorar este año unos 12.000 millones de dirhams (1.089 millones de euros), una cifra récord que duplica lo que el Gobierno marroquí tenía previsto atraer.

El Gobierno marroquí se congratuló de los "avances conseguidos" con esta medida excepcional que comenzó en enero y termina el 31 de diciembre, según informó un comunicado del Ministerio de Comunicación difundido tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Con esta medida, que está destinada a los marroquíes que tienen bienes muebles o inmuebles en circuitos financieros legales en el extranjero pero no declarados en el país magrebí, el Gobierno marroquí tenía previsto al principio regularizar 5.000 millones de dirhams (unos 450 millones de euros) en el marco de la Ley de Finanzas (Presupuestos) de 2014.

El ministro de Economía y Finanzas, Mohamed Busaid, atribuyó este logro a "una eficacia en la gestión de la operación y el nivel de confianza importante en el marco económico y político de esta operación", apuntó el comunicado.

La declaración y regularización se ha acelerado solo en los últimos dos meses, ya que la operación solo permitió regularizar unos 2.000 millones de dirhams (180 millones de euros) el pasado mes de octubre.

Esta salida de capitales a la luz coincide con la aprobación el pasado mes de octubre en Berlín de un acuerdo multilateral para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras que permitirá a unos 54 países a partir de 2017 un intercambio de datos tributarios de forma automática.

Con el pago de este "impuesto liberatorio", el declarante además del "anonimato" del que se beneficiará durante el proceso, se libera también del pago de todo tipo de impuestos posteriores o de sanciones previstas por la ley, que según la ley anterior pasaban por el pago de la cantidad evadida multiplicada por seis y que podían conllevar incluso prisión de entre uno y cinco años.

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