(ampliación) discapacidad. Una familia con una persona con discapacidad intelectual gasta ahora 5.000 euros más que en 2008

El sobreesfuerzo económico que deben hacer las familias que tienen entre sus miembros a una persona con discapacidad intelectual es de media superior a los 24.000 euros al año, lo que supone 5.000 euros más que en 2008, según evidencia un informe de Feaps presentado este miércoles en Madrid.
El trabajo, titulado 'El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o de desarrollo ocasiona en la familia en España 2014', lo ha elaborado la Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) con la colaboración de Zohar Consultoría & Marketing Social.
Tal y como explica el mismo documento, su objetivo es cuantificar el sobreesfuerzo que la discapacidad intelectual ocasiona en la persona, en su familia y en el entorno de soporte y hasta qué punto las prestaciones, subvenciones y deducciones fiscales existentes compensan dichos costes.
Basado en un análisis de fuentes estadísticas directas, informes y publicaciones sobre la discapacidad en general y sobre la intelectual o de desarrollo en particular, el trabajo se ha realizado teniendo en cuenta a un total de 170.961 personas con discapacidad intelectual de entre 16 y 64 años de toda España, agrupadas según su grado de afectación en leve, moderado o grave
Desde esta perspectiva, cuantifica en un total de 16.082 euros anuales el sobreesfuerzo económico que tienen que afrontar las familias con una persona con un grado leve de discapacidad intelectual; en 24.562, en el caso de que la discapacidad sea moderada; en 10.921, si el sujeto tiene discapacidad intelecctual grave y vive en residencia, y en 47.129, si la discapacidad es grave pero el afectado reside en su domicilio.
Comparando estos datos con los obtenidos en 2008, se concluye que seis años después, las familias con una persona con discapacidad intelectual leve deben gastar 4.162 euros más ahora que entonces, una cantidad de más que en el caso de los sujetos con discapacidad moderada asciende a 12.069 euros y en el de los que tienen discapacidad grave y residen en su domicilio, a 11.062 euros. Solo los ciudadanos con discapacidad grave que viven en residencias pagaban en 2014 menos que en 2008 (6.240 euros).
El informe, además, recoge al colectivo con discapacidad límite, al que no se valora como tal ni recibe prestación alguna, y cifra el esfuerzo económico de sus familias en 10.188 euros.
Para llegar a estas cantidades, los autores del estudio han calculado el total de los costes anuales que tienen las familias con personas con discapacidad intelectual a su cargo sumando lo que llaman costes de tiempo, ejecución y oportunidad, y le han restado el acumulado de medidas compensatorias, que vienen de prestaciones de la Seguridad Social y de la Ley de Dependencia, subvenciones y deducciones fiscales.
"PAPEL CRÍTICO"
Con estas cifras sobre la mesa, el informe concluye que pese a estar en vigor la Ley de Dependencia, la familia sigue asumiendo un "papel crítico" en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelecctual, ya que la mencionada norma compensa solo el 24% del sobreesfuerzo económico que tiene que afrontar.
Y alerta, en este sentido, de que el agravio económico para las familias con una persona con discapacidad intelectual tiene un efecto acumulativo, que acaba incidiendo a corto plazo en la pérdida de capacidad adquisitiva y, a medio, "en la descapitalización de las familias". A largo plazo, añade, "también afecta seriamente la posibilidad de que los familiares puedan percibir pensiones contributivas, al tener que renunciar a trabajar o al hacerlo sólo a tiempo parcial".
Y es que, sostiene el estudio, el modelo de copago que aplican algunas autonomías supone un importe superior a los ingresos propios por prestaciones o salarios de las personas con discapacidad, lo que hace que sean las familias las que aporten esa diferencia.
A este respecto, explica que comparado con 2008, cuando el copago en las CCAA en las que existía venía siempre determinado sólo como un porcentaje de los ingresos de la persona con discapacidad, en 2014 se está generalizando el modelo de copago de la Ley de Dependencia, que supone coger como referencia no solo la renta de la persona y de su familia, sino además el coste del servicio.
A juicio de Feaps, "este nuevo modelo de copago está generando grandes dificultades en las familias y pone en peligro el acceso a los servicios". Es "tan elevado", considera Enrique Galván, su director, "que confisca la capacidad económica de la persona y limita su vida en comunidad".
Pero más allá del sobreesfuerzo económico que tienen que hacer las familias con miembros con discapacidad intelectual está el "físico y emocional", como relató en la rueda de prensa Cristina Gutiérrez, madre de Iara, una niña de 12 años con trastorno generalizado del desarrollo (TGD) que "necesita apoyo las 24 horas del día y los 365 días al año".
Finalmente, el trabajo constata que la aplicación de la Ley de Dependencia "está resultando desordenada y muy desigual entre las autonomías, poniendo en riesgo el principio de igualdad en el acceso a los servicios".
Relacionado con la aplicación de la norma, el informe denuncia, además, "poca transparencia", al no permitir, por ejemplo, realizar una trazabilidad de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo.