Andalucía. La junta propone un acuerdo nacional para garantizar la ley de dependencia

La Junta de Andalucía abogó hoy por crear un grupo de trabajo a nivel nacional donde todos los partidos y fuerzas sociales puedan llegar a un acuerdo para garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo de la Ley de Dependencia.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, denunció en el Parlamento andaluz que las modificaciones normativas que ha realizado el Gobierno central sobre la normativa de dependencia están suponiendo "una derogación encubierta de la ley, a espaldas del Congreso", los agentes sociales, las comunidades autónomas y los ciudadanos.
Estas modificaciones se referirían a reducir la intensidad de los servicios; eliminar la compatibilidad entre ellos; penalizar las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar; y excluir a fuera a personas con dependencia moderada.
La consejera también se quejó de la falta de financiación, que, según sus cálculos, hace que la Junta andaluza esté sufragando el 72% en lugar del 50% previsto cuando se aprobó la ley. En este sentido, avisó de que "ninguna comunidad autónoma podrá sostener permanentemente en solitario esta red de protección social que es tan necesaria y valorada por la ciudadanía".
CUIDADORES
Sánchez Rubio también es partidaria de favorecer la cotización de las personas cuidadoras a la Seguridad Social y recuperar el 15% que se les suprimió por real decreto en julio de 2012.
“La reducción de esta prestación ha afectado a 90.000 personas en Andalucía, a pesar de que hemos conseguido reducir del 15 al 13% esa disminución, y la supresión de la cotización afecta a 55.000 andaluzas y andaluces. Y todo ello lo ha hecho el Gobierno de España mientras se sigue primando a las empresas privadas que ofrecen estos servicios, frente a los cuidados en el entorno familiar”, denunció.
Frente a estos recortes, Sánchez Rubio enfatizó que Andalucía ha mantenido el presupuesto destinado a la financiación de la ley(1.115 millones de euros, más de tres millones diarios), mientras que el Gobierno central ha destinado 1.200 millones para todo el territorio nacional.
De tal forma, reivindicó, que Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma líder en la aplicación de la ley de dependencia, con el 21,6% del total nacional de personas en situación de dependencia atendidas; un total de 156.581 personas beneficiarias, casi el mismo número que Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha juntas, pese a que la población de estas tres comunidades supera en casi el doble a la población andaluza.