La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en una operación que ha permitido desarticular en Barcelona una red acusada de tramitar centenares de solicitudes para regularizar por unos 8.000 euros a ciudadanos extranjeros mediante parejas de hecho ficticias, a las que pagaban unos 3.000 euros. Según ha informado la Policía Nacional, los detenidos, entre los que se encuentran los máximos responsables y captadores de la organización, ofrecían un servicio por el que los ciudadanos extranjeros en situación irregular pagaban hasta 8.000 euros por la tramitación de sus permisos de residencia y el asesoramiento para superar las entrevistas especializadas en detectar relaciones ficticias.
Entre 2017 y 2020, la red ahora desarticulada tramitó 683 solicitudes para regularizar a personas extranjeras, en su mayoría contando con el apoyo de una bolsa de ciudadanos comunitarios a los que pagaban 3.000 euros por constituirse como pareja de hecho de los inmigrantes en situación irregular. En el marco de la operación, la Policía Nacional ha efectuado dos registros en un despacho profesional y en un domicilio de Barcelona, en los que se han intervenido tres cajas fuertes con más de 83.000 euros en efectivo, así como numerosa documentación relacionada con la investigación.
Los detenidos están investigados por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y favorecimiento a la inmigración irregular. La investigación arrancó en septiembre del pasado año, cuando la UCRIF de la Policía Nacional descubrió que los responsables de una supuesta asesoría situada en el barrio del Eixample de Barcelona estaban detrás de la tramitación de numerosas solicitudes de la tarjeta de familiar comunitario basadas en la constitución de parejas de hecho estables, con indicios de ser fraudulentas.
Los agentes siguieron el rastro de estas solicitudes y detectaron que entre 2017 y 2020 se habían presentado 683 peticiones, y en la mayoría de ellas supuestamente hubo un pago por la concertación de la relación ficticia para conseguir el permiso de residencia. A lo largo de la investigación, la Policía ha llegado a la conclusión de que la red ahora desarticulada cobraba a los inmigrantes en situación irregular entre 6.000 y 8.000 euros por realizar y acompañarles en todos los trámites administrativos necesarios, desde el padrón municipal, la notaría y el registro de Parejas Estables de Cataluña.
Este pago también incluía el asesoramiento para superar las entrevistas y controles policiales para valorar la veracidad del vínculo alegado para obtener la tarjeta familiar comunitaria. Paralelamente, la red disponía de una bolsa de ciudadanos comunitarios dispuestos a constituirse como pareja de hecho de inmigrantes en situación irregular, a cambio de unos 3.000 euros, con el compromiso de permanecer inscritos como pareja el tiempo suficiente para no levantar sospechas.
Además, entre los detenidos también hay otros integrantes de la organización, que cobraban 300 euros para captar a ciudadanos comunitarios dispuestos a registrarse como pareja estable, lo que permitía a los líderes de la trama disponer de una bolsa de candidatos con distintos perfiles que amoldaban a los clientes en función de sus características personales.
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