César antón: “el nivel de atención sanitaria y social que disfrutamos en españa no habría sido posible únicamente con recursos públicos”

El director general del Imserso, César Antón, ha asegurado que "el nivel de atención que disfrutamos en España tanto en la Sanidad como en los servicios sociales no habría sido posible únicamente con recursos públicos”.
Antón defendía de esta forma los modelos de colaboración público-privada, como cauce para garantizar la satisfacción de la demanda de servicios de los ciudadanos en un contexto de recursos limitados, en el transcurso de una mesa de debate con representantes de la Administración que tuvo lugar durante la última jornada del V Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, organizado por la Fundación Edad&Vida.
El director general del Imserso compartió mesa y reflexiones con el consejero de Salud de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz; la consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana; el viceconsejero de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, el viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha, Jesús Galván Romo; la directora general de Coordinación de la Dependencia de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Balfagón; y el vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Julio Sánchez Fierro, en una mesa que ha estado presidida por el secretario general de SegurCaixa Adeslas y miembro de la Fundación Edad&Vida, Teótimo Sáez; y moderada por el subdirector general de SARquavitae, José Luis Roselló.
Para César Antón, no hay duda de que tanto la sanidad como los servicios sociales “son dos grandes servicios de responsabilidad pública”, pero matizó que, a la hora de dar respuesta a las necesidades planteadas en esos ámbitos, “hay que hacerlo con todos los medios que tenga el sistema, tanto los públicos como los privados”.
En esa misma línea se expresó el consejero de Salud de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz i Garcia, que señaló que “existe un consenso respecto a que quién debe atender las necesidades sociales más básicas es la Administración, pero eso no significa que absolutamente todo tenga que hacerse con recursos propios”.
Boi Ruiz mencionó los problemas de una gestión estrictamente pública. “Hay una resistencia a aceptar que la Administración no dispone de la capacidad para adaptarse a una demanda cambiante que sí tiene la empresa privada y, como consecuencia de ello, obligamos a los ciudadanos a adaptarse a la limitada capacidad de respuesta de la Administración”, dijo. Y subrayó: “Venimos de hacerlo todo con los recursos públicos y eso nos ha llevado a un gran endeudamiento”.
Por su parte, Asunción Sánchez Zaplana, consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, aseguró que tres cuartas partes de las plazas residenciales para mayores que hay en su comunidad se gestionan a través de convenios con el sector privado y defendió que ese modelo “ha redundado en la calidad de vida de los ciudadanos”.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
En la misma línea, el viceconsejero manchego de Sanidad y Asuntos Sociales, Jesús Galván, abogó por vincular las disponibilidades presupuestarias “a un servicio público universal” y avanzar en la colaboración público-privada “en todo aquello en lo que la empresa privada pueda ser más eficiente”.
La representante de la Comunidad de Madrid, Carmen Balfagón, subrayó las buenas experiencias de colaboración público-privada en la región en materias como la gestión de hospitales o la red de atención a las personas con enfermedades mentales. “Las entidades privadas son colaboradores necesarios de las administraciones públicas y en la Comunidad de Madrid estamos muy orgullosos de este modelo que entendemos que nos aporta valor añadido”.
Por su parte, el viceconsejero andaluz de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Aquilino Alonso, defendió un modelo con “un sistema sanitario y de servicios sociales potente y de responsabilidad pública”, y apostó por contar con la colaboración de economía social y tercer sector allí donde no llegue la iniciativa pública.
Para Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, “es hora de establecer un nuevo modelo de relación entre el sector público y el sector privado, porque el futuro va a exigir nuevas respuestas y es evidente que el actual modelo no las tiene”.
Teótimo Sáez fue un paso más allá y aseguró que el futuro dará una respuesta contundente a este debate. “El desafío que se nos viene encima con el tema de la cronicidad es de tal magnitud que no van a ser suficientes los recursos existentes, ni los públicos ni los privados”.
ATENCIÓN INTEGRADA
El moderador de la mesa de debate, José Luis Roselló, desafió a los ponentes a poner sobre la mesa las experiencias de redes integradas llevadas a cabo en sus respectivas comunidades autónomas.
Según Jesús Galván, en Castilla-La Mancha se ha puesto en marcha un Informe Específico de Continuidad Asistencial para las personas de atención prioritaria, de las que se evalúa su situación sanitaria y social para diseñarles un plan de actuación a medida, que define también el lugar dónde se recibirá la atención.
La consejera valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, mencionó, por su parte, un programa de atención farmacéutica en centros sociosanitarios y subrayó la necesidad de que “las personas que van a recibir atención participen en el proceso y nos digan lo que quieren”.
Historial clínico único, unidades de servicio multidisciplinares, presupuestos únicos e información compartida fueron los principales conceptos de atención integrada que surgieron en el debate. El consejero catalán señaló que “tenemos que dar una buena respuesta sanitaria para no llegar a una situación de dependencia y una buena respuesta en el ámbito de los servicios sociales para que el riesgo de entrar en una situación de dependencia sea cada vez menor”.
En su intervención, Carmen Balfagón subrayó la importancia de la Estrategia de Cronicidad impulsada por el Gobierno, en la que junto a las comunidades autónomas se trabaja para crear un inventario aceptado por todos de Servicios Sociales y Aquilino Alonso puso el acento en integrar los historiales médicos y sociales de los pacientes.
Por su parte, César Antón mencionó, entre otras, la estrategia para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas impulsada desde el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.
Finalmente, Julio Sánchez Fierro puso el contrapunto jurídico a todas estas iniciativas políticas: “Tenemos una base jurídica sólida para poner en marcha redes integradas de atención, pero no es bastante con eso, sino que esa base hay que desarrollarla para construir un marco jurídico que dé certidumbre a los actores”.