Colectivos profesionales denuncian que el gobierno no quiere intérpretes profesionales en las comisarías y juzgados

La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (Aptij), junto a la Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación del Estado Español (Ccduti) y otros colectivos profesionales y académicos, ha denunciado este lunes que el Gobierno no quiere traductores e intérpretes profesionales en las comisarías y juzgados españoles.
A través de un comunicado, las entidades denunciaron que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que pretende aprobar el Gobierno supone “una gran amenaza a los derechos de las personas que se ven inmersas en un proceso penal”, y demandaron que se garantice la cualificación de los intérpretes.
Tal y como afirmaron las organizaciones, el servicio de intérpretes en las comisarías y juzgados españoles lo gestionan macroempresas que enviarían a personas no cualificadas para intervenir en tomas de declaración y juicios.
Los colectivos reseñaron que el PP podría atajar el vacío legal que permite que cualquier persona sin formación adecuada actúe como traductor en las comisarías y juzgados españoles, sin embargo, la pasada semana el partido del Gobierno rechazó en el Congreso de los Diputados las enmiendas presentadas por los grupos políticos de la oposición con la finalidad de transponer la normativa europea al respecto.
“Hay que aprovechar la oportunidad de reformar la Lecrim y regular como es debido un servicio de calidad según la normativa europea, o no se podrá impartir justicia con garantía alguna si son personas no cualificadas las que realizan este trabajo”, indicó el presidente de la Aptij, Juan Miguel Ortega.
Ante esta situación, y respaldadas por la Conferencia de Rectores (CRUE) y ONGs internacionales, estas entidades desearon mostrar su total rechazo al actual proyecto de ley y pidieron al Ministerio de Justicia que tenga en consideración las enmiendas.