"Hemos decidido solicitar formalmente a la CIDH unas medidas cautelares para que se dé las instrucciones a Venezuela de no continuar con esa violación sistemática de los derechos humanos", dijo el Defensor colombiano del Pueblo, Jorge Otálora al arribar al organismo.
La presencia del Defensor colombiano en el órgano autónomo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ocurre tras la profundización de una crisis en la frontera colombo-venezolana, generada luego de que Caracas deportara en tres semanas a 1.300 colombianos, al tiempo que decretó un estado de excepción en varios municipios limítrofes.
Mientras tanto, otros 10.000 colombianos han cruzado la frontera por temor a ser expulsados sin sus familias y pertenencias, según la ONU.
En esos casos, los derechos de los deportados a la unidad familiar, la movilidad, el trabajo y la propiedad fueron violados, señaló el Defensor.
Según Otálora, la importante comunidad de colombianos que reside en el lado venezolano de la enorme frontera común vive bajo la amenaza de seguir el mismo camino de expulsiones masivas y por eso pidió la intervención de la CIDH, con sede en Washington.
La CIDH debe instar a Caracas a que "no continúe con la sistemática violación de los derechos humanos de los colombianos que hoy continúan en Venezuela", apuntó, sin precisar su número.
El secretario general OEA, Luis Almagro, viajará este sábado a Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde más de 2.000 desplazados permanecen en albergues temporales.
En Washington, el alcalde esa ciudad también pidió a la Comisión medidas cautelares a favor del millar de deportados.
Venezuela debe actuar para permitir que los desplazados puedan volver por sus hijos o las propiedades que dejaron atrás tras salir forzosamente de ese país, dijo el alcalde, Donamaris Ramírez-París, tras una reunión de dos horas en la CIDH.
O flexibilizar el cierre fronterizo para permitir que 1.512 niños que viven en Venezuela puedan asistir a clases en sus escuelas en el lado colombiano, señaló.
La CIDH llamó el viernes a Venezuela a poner fin "de manera inmediata cualquier expulsión colectiva, arbitraria y/o sumaria" y garantizar el "debido proceso" de los deportados.
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