San José, 28 abr.- El Gobierno de Costa Rica afirmó hoy que no tiene evidencias de que en el país se practiquen esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad, practica señalada en un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
La ministra costarricense de Salud, Daisy Corrales, dijo por escrito a Efe que las esterilizaciones forzadas en el país son ilegales y que no se tiene evidencia de que se lleven a cabo, aunque sí hay "comentarios" de que han sucedido.
"Al parecer se ha comentado en el país de casos donde las familias dan la autorización para que esterilicen a personas con Síndrome de Down, pero esto no se ha comprobado con evidencia", indica la respuesta de Corrales ante las preguntas de Efe.
La ministra reiteró que "no se tiene evidencia documental" de este tipo de situaciones en Costa Rica y que se trata de "una práctica prohibida por el marco jurídico del país".
"En resumen, aunque al parecer este tipo de práctica es realizado en el país en forma clandestina y constituyendo un delito, no hay prueba documental", enfatizó.
El pasado 15 de abril el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU instó a Costa Rica a armonizar sus leyes, incluida la Constitución, con la Convención sobre la materia que el país ratificó en 2007 y que busca una mayor inclusión para esta población.
En un informe sobre Costa Rica publicado este mes, este Comité de la ONU indicó que le "preocupa profundamente la práctica de esterilizaciones forzadas a mujeres y niñas con discapacidad".
"El Comité urge al Estado parte a adoptar medidas para erradicar la práctica de la esterilización forzada, y concientizar a las familias de mujeres y niñas con discapacidad y a responsables de lugares donde se las interna, acerca de sus derechos, y de asegurar el respeto pleno de su integridad personal, física y mental haciendo efectivos y accesibles los mecanismos de protección contra la esterilización forzada", agregó.
En su informe, el comité de la ONU también muestra su preocupación por la Ley Reguladora de Investigación Biomédica y recomienda que se retire del trámite legislativo, pues "autoriza que los tutores de personas declaradas 'incapaces' puedan decidir sobre la experimentación científica e investigación en sus cuerpos, sin su consentimiento libre e informado".
Esta ley ya fue aprobada por el Congreso, avalada por la Sala Constitucional y firmada por la presidenta Laura Chinchilla hace un par de semanas.
Esta legislación, que según el Gobierno respeta los derechos humanos y estándares internacionales en la materia, restablece las investigaciones en seres humanos, cuatro años después de que la Sala Constitucional las prohibiera debido a que no existían los controles necesarios.
El estatal Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) de Costa Rica siempre mostró su oposición a la ley al considerar que violaba los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Costa Rica es uno de los 143 estados partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y presenta informes periódicos al Comité, integrado por 18 expertos independientes.
El próximo informe periódico deberá rendirse el 1 de noviembre de 2018, de acuerdo con la información oficial.
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