San José, 24 sep.- Costa Rica acudió hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para pedir nuevas medidas cautelares contra Nicaragua por la supuesta apertura de dos caños en un territorio en disputa, lo que supone un nuevo capítulo de un largo litigio que ha deteriorado las relaciones bilaterales.
En octubre próximo se cumplirán tres años desde que Costa Rica denunció que su vecino había abierto un caño a través de la costarricense Isla Portillos o Isla Calero, misma zona donde la semana pasada, aparentemente, Nicaragua abrió dos caños más para conectar el fronterizo río San Juan con el mar Caribe.
En noviembre de 2010 Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y desde entonces las relaciones se han deteriorado con numerosas acusaciones verbales y múltiples notas de protesta.
El último capítulo de este conflicto ha ocurrido hoy con una nueva petición de Costa Rica para que la CIJ ordene medidas cautelares a Nicaragua, adicionales a las que dictó en marzo de 2011, cuando prohibió a ambos países ingresar a la zona de litigio con personal civil, policial, militar o gubernamental.
Costa Rica entregó hoy en la sede de la CIJ, en La Haya (Holanda), la petición para que "se suspenda todo trabajo de dragado o cualquier otro, y específicamente la cesación de cualquier tipo de trabajo en los dos caños artificiales adicionales", aparentemente abiertos por Nicaragua.
Además, "que Nicaragua retire inmediatamente todo el personal, infraestructura y equipo que ha introducido" en el territorio en disputa y que permita a Costa Rica enviar funcionarios medioambientales para evaluar el daño causado y aplicar acciones de reparación.
El Gobierno costarricense denunció la semana pasada por medio de vídeos y fotografías aéreas y satelitales, que con al menos una draga de Nicaragua abrió dos nuevos caños para unir el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el Mar Caribe, a través de Isla Portillos o Isla Calero, cuya soberanía ambos países reclaman.
Además, denunció que en el sitio se encuentra lo que aparenta ser un campamento de militares nicaragüenses.
El Gobierno de Nicaragua, que siempre ha sostenido que ese territorio le pertenece, ha negado que haya abierto los dos nuevos caños que ha denunciado Cosra Rica y ha dicho que es posible que sean producto de las fuertes lluvias caídas en la zona.
El canciller costarricense, Enrique Castillo, quien se encuentra en Nueva York participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresó en un comunicado que su país no tiene ejército desde 1948 y que desde entonces ha apostado por el derecho internacional como método de defensa.
"Confiamos que con la irrefutable evidencia obtenida por Costa Rica, la Corte encuentre que en efecto las acciones de Nicaragua buscan imponer un hecho cumplido sobre Costa Rica y sobre la propia Corte", dijo el canciller.
Según el gobierno costarricense, la apertura de caños supone un riesgo de "daño irreparable al medio ambiente y ecología del territorio en disputa" y es posible que "se varíe el curso del río San Juan, incluida la ubicación geográfica y la configuración de su salida al Mar Caribe".
En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, acusó a Nicaragua de pretensiones expansionistas y de tener una "creciente política de armamentismo".
"Es urgente que se establezcan procedimientos para garantizar el acatamiento de todas las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), incluido la imposición de medidas cautelares", dijo la presidenta costarricense ante el pleno de la Asamblea General.
Chinchilla aseguró que Costa Rica es un "firme creyente" del derecho internacional, una actitud que contrasta con el "irrespeto absoluto" de Nicaragua a las normas más elementales de la conducta y convivencia entre los Estados.
En Costa Rica, país de 4,7 millones de habitantes, viven al menos 400.000 nicaragüenses que emigraron de su país y que trabajan, principalmente, en labores agrícolas, de construcción y domésticas.
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