Debate nación. El psoe pide trasladar a los presupuestos la parte no eléctrica del recibo de la luz

El PSOE ha presentado una propuesta de resolución al Debate sobre el Estado de la Nación en la que insta al Gobierno a trasladar a los presupuestos generales del Estado (PGE) el coste de las políticas sociales y territoriales que ahora se cargan sobre la factura eléctrica.
Así consta en el texto presentado por el grupo socialista, en el que hace hincapié en los derivados de apoyos a la insularidad o a la generación con combustibles fósiles como el carbón, al igual que los derivados de “decisiones políticas pasadas”.
También pide que se impulse un Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de una estabilidad mayor y cumplir con los objetivos de la UE en materia de reducción de las emisiones de CO2.
Asimismo, solicita la elaboración, en el plazo de un año, de una prospectiva energética con visión a largo plazo para fijar compromisos con el objetivo de tener un sistema energético bajo en carbono y reducir “drásticamente” la alta dependencia energética de España en el horizonte del 2050.
De igual forma, pide establecer un modelo energético “más sostenible” desde el punto de vista económico, medioambiental y social y la aprobación de un nuevo marco normativo para el sector que restituya “cuanto antes” la seguridad jurídica en las renovables.
REVISIÓN DE TARIFAS Y AUDITORÍA
Otras de las peticiones del grupo socialista son la aprobación de un plan de apoyo integrar la generación eléctrica con energías renovables y energía primaria autóctona, y dotar al mercado eléctrico español de una “mayor robustez” ante “intentos de afectar su funcionamiento”, haciéndolo “más eficiente” en la fijación de precios y facilitando la entrada de nuevos actores para garantizar la competencia.
Solicita además revisar “en profundidad” las tarifas de los pequeños consumidores que sean establecidas por los precios del nuevo mercado, que revelará el coste del ‘mix’ energético y no el coste marginal del sistema, “siempre muy superior”.
La propuesta de resolución también demanda la realización en los próximos seis meses de una auditoría de costes del sistema eléctrico para determinar “fehacientemente” los distintos costes del sistema eléctrico. Al mismo tiempo, requiere la aprobación en el plazo de tres meses de una estrategia para la erradicación de la pobreza energética y el establecimiento de un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas) que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia.
‘FRACKING’ Y ATC
A su vez, exige la suspensión de los permisos de investigación o autorizaciones de exploración de hidrocarburos, concedidos o en tramitación, en el mar Mediterráneo y en las aguas jurisdiccionales colindantes al Archipiélago Canario.
En esta línea, solicita la paralización de la actividad de los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica (‘fracking’). En concreto, sugiere la suspensión de las autorizaciones concedidas y la prohibición de nuevas actividades en tanto no se disponga de informes “concluyentes” que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a las mismas. Igualmente, pide paralizar “inmediatamente” el proyecto del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) puesto que “su seguridad no está garantizada”, siendo el emplazamiento a su juicio “inadecuado” desde el punto de vista geotécnico.
En cuanto a las centrales nucleares, insta al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para no prorrogar la vida útil de estas instalaciones más allá de los 40 años.
Entre las reivindicaciones figuran también la de potenciar las interconexiones eléctricas y la generación distribuida, garantizar la trasposición de las directivas europeas sobre certificación y etiquetado de eficiencia energética, y preservar las fuentes autóctonas de forma que contribuyan a asegurar la garantía de suministro dada la dependencia energética de España.