Defensor pueblo. La institución pide “recursos materiales suficientes” para la implantación de la lomce

La Oficina del Defensor del Pueblo pidió este jueves en su informe de 2013 “destinar recursos materiales suficientes” a la implantación de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que empezará a aplicarse el próximo curso.
En el informe que hoy se presentó ante las Cortes Generales se señala de hecho la necesidad de adaptar las instalaciones educativas, rehacer la programación académica y lectiva, renovar los materiales didácticos y dotar al sistema de profesorado suficiente y adecuadamente formado. Destinar los recursos necesarios resulta “imprescindible de cara a que la nueva ley alcance su objetivo de mejorar la calidad educativa”, señala.
Entre las principales quejas que recoge el informe, destacan la persistencia de barracones utilizados como instalaciones definitivas, los retrasos en los pagos de ayudas para libros de texto, los recortes en servicios complementarios como comedor y transporte y las deficiencias constructivas (presencia de amianto) en distintos colegios.
Aumentaron de forma significativa las quejas referidas a retrasos en la tramitación y pago de becas, así como a la equidad en los criterios de acceso tanto a los grados universitarios como a los ciclos de FP.
En concreto, se denunció que varias comunidades autónomas, ante la falta de plazas, optaban por conceder una puntuación excesiva a los alumnos solicitantes que residían en su territorio. El ministerio y las autonomías llegaron, no obstante, a un acuerdo para solucionar dicho problema estableciendo límites cuando fuese necesario.
También el endurecimiento de los requisitos académicos para acceder y mantener las becas universitarias ha generado numerosas demandas ante la institución, señala el Defensor del Pueblo en su informe.
A su juicio, todo esto es resultado de “las restricciones económicas que se vienen padeciendo en los últimos años”, y “convendría aliviarlas en la medida en que la evolución de la economía lo permita”.
Sí concluye el informe que el derecho fundamental a la educación “está razonablemente satisfecho en España”, pero las reclamaciones tienen que ver con “la calidad de los servicios a través de las cuales este derecho se hace efectivo”.