Defensor pueblo. La institución, "preocupada" por la devolución "expeditiva" de irregulares

La Oficina del Defensor del Pueblo ha expresado en su último informe anual su “preocupación” por la falta de respeto a los derechos humanos que pueden estar produciéndose en las devoluciones de inmigrantes que tratan de entrar irregularmente en España.
La entidad que preside Soledad Becerril se hace eco en el informe de las quejas que ha recibido a lo largo del año pasado por “la devolución expeditiva” de inmigrantes “sin respetar la legislación en materia de extranjería y del Convenio de Ginebra sobre los refugiados”.
El Defensor reconoce que la actuación administrativa en estos casos “resulta especialmente compleja cuando los intentos de entrada se producen por mar, dada la necesidad de determinar si en el momento de ser interceptados los inmigrantes se encontraban en aguas jurisdiccionales españolas”.
Asegura que ha recabado la opinión de las autoridades sobre actuaciones criticadas en Melilla, y tanto la Dirección General de la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía defienden que han obrado correctamente y que aplican la legislación de extranjería allí igual que en otro zona del país.
Sin embargo, el Defensor asegura que “ha de reiterar una vez más su preocupación por estas actuaciones, que impiden identificar y proteger a aquellas personas especialmente vulnerables”.
Recuerda que, n línea con lo mantenido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se ve “en la obligación de recordar, una vez más, que el elemento clave para entender que las autoridades españolas han de adoptar cuantas medidas sean necesarias con el fin de garantizar que una solicitud de asilo pueda ser examinada debidamente, es precisamente el hecho de que esas personas, potenciales solicitantes de asilo o merecedoras de otro tipo de protección internacional, hayan sido interceptadas por nuestras autoridades, con independencia de que esta eventualidad se produzca fuera o dentro de las aguas territoriales españolas”.
En cuanto a las controvertidas concertinas instaladas en el perímetro fronterizo con Marruecos de la Ciudad de Melilla, el Defensor afirma que es “consciente de la difícil situación en la que se encuentra la Ciudad de Melilla y de las dificultades, de variada índole, que han de afrontar a diario los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el desempeño de su labor”.
Pero advierte de que “la necesidad de establecer métodos de contención eficaces frente a quienes pretenden acceder de manera irregular al territorio nacional, no debe en ningún caso pasar por alto la obligación de utilizar métodos que sean respetuosos con los derechos humanos y con el ordenamiento jurídico español”.
El Defensor recuerda que la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en julio de 2013, que exhorta a los Estados y a las organizaciones regionales e internacionales que tengan competencia en el ámbito de la regulación de la migración y la aplicación de políticas migratorias a que adopten medidas concretas para impedir la vulneración de los derechos humanos de los migrantes, mientras se encuentran en tránsito en puertos y aeropuertos y en las fronteras y puestos de control de la migración, entre otros lugares, capaciten a los agentes públicos que trabajan en esos servicios y en las
zonas fronterizas para que los traten con respeto y de conformidad con las obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos”.
Por todo lo anterior, el Defensor del Pueblo recuerda que ha formulado una recomendación al Ministerio del Interior para que se proceda a la retirada de la concertina y se impartan instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil, con el fin de que se recuerde a todos los efectivos que prestan servicio en la frontera de la Ciudad Autónoma de Melilla que, cuando se intercepte a un extranjero cuyo propósito sea entrar irregularmente en España, se proceda al traslado de dicha persona a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería.
“En el momento de redacción del presente informe aún no se había recibido respuesta a la recomendación formulada, por lo que las actuaciones continúan abiertas”, añade el informe.
CENTROS TEMPORALES
En cuanto a los centros de estancia temporal de inmigrantes, el Defensor también se declara “preocupado” por el centro de Melilla, ante una “sobreocupación” “que desafortunadamente no puede ser calificada de puntual”.
Asimismo, señala que “continúa siendo motivo de preocupación para esta Institución el alto número de niños que residen en el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla (318 menores han pasado por el citado centro en 2013), que no reúne las condiciones mínimas para albergar a menores de edad, más allá de una primera acogida de emergencia”.
Además, continúa sin encontrarse una solución para la situación de los solicitantes de asilo en ambas ciudades autónomas, que siguen sin poder acceder a la península hasta tanto su solicitud sea resuelta. La situación de los solicitantes de asilo en España es también motivo de especial seguimiento por parte de esta Institución, de un lado por las largas demoras que han de soportar los solicitantes en la tramitación de su expediente; y, por otra parte, preocupan también las bajas cifras de solicitudes de asilo, especialmente cuando se comparan las cifras españolas con países europeos de nuestro entorno, con una situación geográfica similar a la nuestra. Las denegaciones de entrada en puestos habilitados, especialmente en aeropuertos, continúa siendo un año más objeto de numerosas intervenciones urgentes por parte del Defensor.
“Como en años anteriores, se reproducen las dificultades advertidas respecto a la entrada de familiares de ciudadanos de la Unión Europea y españoles por los puestos fronterizos, como consecuencia de la existencia de prohibición de entrada, carencia de documentación suficiente o necesidad de acreditación de medios económicos”.
A pesar de lo anteriormente, destaca como avance la aceptación en el año 2013 de la recomendación formulada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Tras la aceptación de la misma, el citado organismo ha remitido a todos los puestos fronterizos instrucciones para garantizar el derecho de entrada y de residencia en los Estados de la Unión a sus ciudadanos y miembros de su familia, sin más limitaciones que las referidas a razones de orden público, salud pública o seguridad pública.
Otra cuestión que sigue motivando intervenciones urgentes del Defensor del Pueblo se refiere a los rechazos en frontera de ciudadanos extranjeros con tarjeta de residencia en vigor que, a juicio de los funcionarios de fronteras, estaría extinguida al haber permanecido fuera de España más tiempo del permitido. Esta institución ha recordado que la extinción de la autorización de residencia no surte efectos hasta que no se declare en resolución motivada, y tras la tramitación del correspondiente procedimiento de extinción de autorizaciones administrativas.