Desmantelan una red de explotación laboral de extranjeros que operaba en cinco provincias

Murcia.- El Grupo de Información (GIC) de la Guardia Civil ha desmantelado una red de explotación laboral de extranjeros que operaba en 38 locutorios de las provincias de Murcia, Albacete, Alicante, Almería y Granada, y que tenía su sede en el municipio murciano de Torre Pacheco.

La Delegación del Gobierno en Murcia ha informado hoy de que esta operación, denominada "Mi tierra", la han llevado a cabo en los dos últimos años agentes de la Comandancia de Albacete, y ha concluido con la detención de los dos cabecillas de la red.

Al detenido que actuaba como empresario se le imputa un delito continuado de favorecimiento de inmigración ilegal, otros 76 contra los derechos de los trabajadores, cinco de extorsión y cuatro de coacciones.

Los agentes detuvieron también a otra persona que actuaba como jefe de personal por un supuesto delito continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, uno de allanamiento de morada, tres de extorsión y uno de coacciones.

Asimismo, la investigación económico-patrimonial sobre las actividades de la red permitirá imputar a los detenidos la comisión de delitos contra la hacienda pública, la Seguridad Social y otros delitos contables.

La investigación se inició en enero de 2008 a partir de la información proporcionada por una de las víctimas de la red, de nacionalidad extranjera y que se encontraba en situación ilegal en España, que trabajaba en un locutorio de Albacete sin contrato de trabajo y donde se le imponían condiciones indignas, suprimiéndole todo tipo de derechos laborales.

La red operaba captando extranjeros en situación irregular en lugares donde radican importantes bolsas de inmigrantes, principalmente en Murcia, y los utilizaban en establecimientos tipo locutorio en condiciones laborales abusivas.

Tras un periodo de aprendizaje en un locutorio de Albacete capital, los miembros de la red trasladaban a los trabajadores a los establecimientos donde iban a desempeñar su trabajo y los ubicaban en pisos alquilados por la organización para controlarlos.

Además, realizaban traslados forzosos de los empleados entre establecimientos para eludir posibles inspecciones de trabajo y utilizaban un entramado de 25 empresas, con objetos sociales variados.

Entre las actividades detectadas, la red descontaba del salario de los trabajadores el importe de los daños causados por robos en los establecimientos, así como la contratación ilícita de trabajadores extranjeros, a los cuales se daba de alta en la Seguridad Social, sin trabajar de manera real en la empresa, para que completaran determinados períodos de cotización a cambio de pagar a la empresa la cantidad abonada más un aumento.

Tras casi dos años de investigación, el pasado noviembre se llevó a cabo la fase de explotación de la Operación, en la que participaron varios miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), y personal perteneciente a Áreas y Equipos de Investigación de Unidades Territoriales de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.

En la fase de ejecución de la operación se llevaron a cabo inspecciones en 29 establecimientos de Murcia, situados en las localidades de Torre-Pacheco, Totana, Alhama, Cartagena, Yecla, Lorca, Fuente Álamo, Jumilla, Puerto Lumbreras, Molina de Segura, Santomera, Torres de Cotillas y Murcia capital; cuatro de Alicante, en Albatera, Elche, Elda y Orihuela; tres de Albacete, en Hellín, Almansa y Albacete capital; uno en la localidad almeriense de Pulpí y otro en el municipio granadino de Baza.

En la operación policial también se procedió a la toma de manifestación de unos 80 trabajadores, todos ellos extranjeros, de los establecimientos en relación con su situación laboral.

El Grupo de Información (GIC) de la Comandancia de Albacete instruyó las correspondientes diligencias que junto con los dos detenidos fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción Número 2 de de San Javier.