Diez comunidades deberían destinar 326 millones más a financiación universitaria para igualar la media

  • Madrid.- Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia, Baleares, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Canarias y Galicia necesitan conjuntamente un esfuerzo adicional de 326 millones de euros para alcanzar la financiación media por estudiante del sistema universitario español.

Diez comunidades deberían destinar 326 millones más a financiación universitaria para igualar la media
Diez comunidades deberían destinar 326 millones más a financiación universitaria para igualar la media

Madrid.- Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia, Baleares, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Canarias y Galicia necesitan conjuntamente un esfuerzo adicional de 326 millones de euros para alcanzar la financiación media por estudiante del sistema universitario español.

Éste es el cálculo del documento de propuestas elaborado por una comisión mixta formada por el Gobierno, las CCAA, las universidades y varios expertos, que esta tarde ha sido presentada en el Consejo de Universidades, presidido por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y se debatirá durante dos meses por las partes.

Según el estudio, los datos de transferencias corrientes de las administraciones educativas por alumno ponen en evidencia las "apreciables" diferencias de financiación per cápita en las universidades públicas.

Desde 1996, año en que concluyó el traspaso de las competencias universitarias a las autonomías, la distancia máxima de esta financiación ha pasado de 60 puntos (sobre una media de base de 100), que entonces había entre Cataluña y Murcia, a más de 76 puntos en 2008, entre Navarra y Extremadura.

Entre las que deben incrementar los recursos para igualar la media por matriculado, Andalucía, Aragón, Asturias y Murcia han reducido su diferencial con la media desde 1998; Baleares, Castilla y León, Extremadura y La Rioja lo han aumentado y Canarias y Galicia han pasado al grupo con déficit relativo de financiación.

Según ha explicado a la prensa el secretario general de Universidades, el estudio se ocupa también de ineficiencias del sistema como son el abandono de los estudios y la duración de los mismos.

Estos problemas intentan atajarse con políticas de orientación y coordinación entre el ámbito universitario y de la FP, dentro del contexto de la Ley de Economía Sostenible, y un aumento progresivo de la beca-salario desde los 2.800 euros actuales hasta los 6.500 ó 7.000 en 2015.

"Estas cantidades han de ser complementarias a las (becas) de movilidad y alojamiento y se introduce la priorización del rendimiento académico", ha señalado.

Así, el documento plantea la posibilidad de que los becarios que superen todos los créditos académicos de un curso completo se beneficien de un "premio o un plus" que se añadirá al importe de la beca, como también lo habría por buenas notas.

Los estudiantes repetidores deberán pagar hasta el 50 por ciento y el 100 por ciento del coste medio de prestación del servicio universitario, respectivamente, en segunda y tercera o sucesivas matrículas, aunque este criterio podría ser revisado para aquellos que comparten estudio y trabajo con contrato.

Preguntado por si se prevé un aumento de las tasas que los alumnos pagan por la primera matrícula en las universidades públicas, Rubiralta ha respondido que primero hay que implantar y consolidar las novedades de becas y ayudas.

"Solamente cuando este sistema esté entendido, pactado y financiado -ha comentado- y se vea que está cumpliendo el desarrollo plurianual es cuando podemos empezar a pensar en una variación de precios, pero en el texto lo que está es que primero hay que implantar el nuevo modelo porque es la base de la credibilidad del Espacio Europeo de Educación Superior".

El documento precisa que las tasas públicas de matrícula "no podrán exceder del 15 por ciento del coste medio de provisión del servicio docente", aproximadamente igual ahora.

En relación con la I+D+i, se plantea la constitución de un fondo complementario de financiación de los gastos generales inducidos por este actividad de las universidades "condicionado a resultados e indicadores", según criterios de excelencia, dotado con entre 40 y 60 millones de euros por año.

Además, habría otro de financiación estatal para el "fortalecimiento institucional" que identifique, apoye y fortalezca las políticas de I+D y unidades de investigación universitarias para su consolidación y conversión en centros de referencia internacional en investigación avanzada estratégica a largo plazo.

Necesitaría este fondo entre 40 y 80 millones de euros, aunque debería estar abierto a otros agentes del sistema de I+D.

Por último, se propone un complemento de productividad ligado a estas actividades, denominado "sexenio de transferencia e innovación".

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