Discapacidad. El cocarmi reclama a la generalitat catalana un calendario de pago de los servicios públicos que ofrecen las entidades sociales

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) reclama a la Generalitat un calendario de pago de los servicios de titularidad pública que ofrecen las entidades sociales, como centros de día, centros ocupacionales, residencias o servicios de inserción laboral, entre otros.
El Cocarmi ha mandado una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la que le recuerda la "grave situación" financiera que arrastran las entidades y las personas con discapacidad desde que estalló la crisis.
Esta nueva reclamación se suma a la del pasado mes de octubre, cuando se anunció un nuevo aplazamiento parcial de los pagos, y en la cual ya se denunciaba que se ponía en riesgo la calidad de los servicios y que, incluso, podía llevar al cierre de entidades. Al mismo tiempo se pedían fórmulas de financiación en condiciones favorables y que la Generalitat asumiera el coste financiero derivado de los impagos.
Para el Cocarmi, en los últimos meses la situación se ha agravado y la incertidumbre sobre los recursos disponibles dificulta el pago de salarios, la continuidad de profesionales especializados, la negociación con proveedores o, incluso, de disponer de servicios básicos.
Todo ello repercute en la calidad asistencial, indica el comité, a pesar de los esfuerzos de las entidades por que esta atención se resienta lo mínimo posible. Asimismo, también han quedado afectados los programas y servicios vinculados a determinadas subvenciones que se renuevan periódicamente.
Este malestar de las entidades ante "unos compromisos que se incumplen de manera reiterada y, por otro lado, una presión asistencial cada vez mayor", fueron el detonante de la negativa del Cocarmi a la constitución esta semana, como estaba previsto, del Consejo de la Discapacidad de Catalunya (Codiscat), renunciando a un espacio de diálogo con el cual Cocarmi está "firmemente comprometido".
El Codiscat es un órgano formado por la Generalitat, las administraciones locales y los representantes del sector que tiene que servir para trabajar conjuntamente, y de manera transversal, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Para el Cocarmi, es necesario que se normalice la situación y que, por lo tanto, las entidades tengan asegurada la financiación de los servicios para poder recuperar los puentes de diálogo con el Gobierno catalán.