El Tribunal Constitucional afronta su primer Pleno tras la incorporación de los nuevos magistrados. En el orden del día se ha incluido la posible admisión de los recursos contra acuerdos y leyes de la Generalitat.
Los antecesores de Pere Aragonès en la Presidencia de la Generalitat y exconsejeros han sido condenados a penas de inhabilitación por desobedecer los mandatos judiciales en respuesta al desafío independentista.
La delegada instructora rechazó los avales del ICF de la Generalitat y avisó que si no aportaban la fianza procedería al embargo.
El organismo judicial no aceptó los avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y el expresident asegura que tiene "sensación de indefensión total y de arbitrariedad".
El Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso del expresident catalán en el que alegaba libertad ideológica y de expresión con el objetivo de buscar su absolución.
Para la Generalitat lo importante ahora es controlar la gestión del Aeropuerto de Barcelona como reivindicación nacionalista de carácter histórico. La ampliación de la tercera pista puede esperar, sobre todo si la paga Aena.
El nuevo Govern catalán aboga en su documento de propuestas para la reforma fiscal por otorgar más capacidades normativas y de gestión en el plano tributario "a aquellas autonomías que deseen ejercerlas".
El Govern de ERC y Junts está obligado a afrontar vencimientos de deuda por más 10.000 millones al año. Hacienda, que necesita los votos de los independentistas, ha condonado 1.000 millones a la Generalitat.
El propio Mas se refirió ayer al movimiento de la Caja de Resistencia y apuntó: "Gracias a ello, algunos de nosotros liberaremos los pisos que tenían embargados y los volveremos a poner en la nueva causa".
Varios implicados por la causa contable de acción exterior habían solicitado un mes de prórroga para afianzar la cantidad fijada.
El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos del expresidente de Cataluña y sus consejeros contra la condena a devolver casi 5 millones de euros por la consulta soberanista celebrada en noviembre de 2014.
La Sala ha tumbado, por las mismas razones, los recursos presentados en el mismo sentido por los exaltos cargos de la Generalitat.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado al órgano y Podemos lo ve "politizado": pide explorar todas las vías para sacar las causas del plano judicial.
El tribunal pide 5,4 millones de euros por el gasto derrochado durante los años del procés. Entre los nombres citados destacan Puigdemont, Mas, Junqueras, Turull, Homs y Romeva.
A los abogados de los cargos independentistas se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán tres horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce'.
El Tribunal de Cuentas presentará la liquidación provisional tras la instrucción, que podrá recibir las últimas alegaciones de los afectados por Diplocat. Puede superar los cinco millones de euros.
La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha señalado que el Gobierno reunirá "pronto" a las 17 autonomías para abordar la actualización del sistema de financiación, "caducado" desde hace años.
"He visto al señor Junqueras tener mucha prisa para llegar al final del proceso de la independencia de Cataluña, incluso cuando yo era presidente de la Generalitat", ha recordado.
Defiende que no se le pueden atribuir gastos de la acción exterior de la Generalitat por el hecho de haber sido presidente y más cuando la mayoría de las actividades tuvieron lugar una vez dejó el cargo
Se pone fin a ocho meses de interinidad desde la inhabilitación de Quim Torra. Tras anunciar el resultado de la votación -74 votos a favor y 61 en contra, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, lo proclama.
"¿Qué más tiene que pasar, señor Aragonès, para que estemos por lo que se tiene que estar? ¿Está seguro de que el mejor socio que puede tener para afrontar la situación es la CUP?", ha señalado el líder del PSC.
Se trata de una norma que prometieron el pasado mes de diciembre, antes de la disolución del Parlament, y que desde la parte socialista del Gobierno han tachado de inconstitucional.
Se ha quedado sin representación al no haber obtenido ningún escaño por ninguna de las cuatro circunscripciones catalanas.
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