Discapacidad. El defensor del pueblo denuncia las trabas a la admisión de alumnos con discapacidad en centros públicos

La Oficina del Defensor del Pueblo critica las trabas a la escolarización en algunos centros de la red pública que todavía sufren los alumnos con discapacidad por parte de las administraciones.
En su informe anual de 2014, la defensora del Pueblo se hace eco de distintas situaciones en que se negó la admisión en el centro solicitado por el alumno pese a cumplir este los requisitos generales o, en su caso, no se le proporcionó los recursos y apoyos que precisaba.
A su juicio, esto se debe a la escasez de recursos y a que algunas de las leyes que regulan este tipo de situaciones “adolecen de falta de concreción”.
Según esta institución, las últimas normas educativas (LOE y Lomce) ni El Decreto-Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2013 establecen con claridad los compromisos de la Administración en este terreno, qué tienen derecho a exigir los alumnos ni qué cauces o mecanismos deben seguir para presentar reclamaciones.
Añade que esto contradice lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España, que defiende la implantación de sistemas de educación inclusivos donde los alumnos reciban todos los apoyos necesarios para poder ser escolarizados en su entorno.
En general, la mayoría de las quejas se refieren a la falta de accesibilidad de las instalaciones y a la carencia de profesores y personal especializado.
El informe recoge el caso de una alumna con discapacidad motora en la Comunidad de Madrid, a la que el Gobierno regional negó la admisión en un centro bilingüe (el único de su ciudad) pese a su excelente expediente académico porque este centro no reunía los recursos que ella necesitaba.
Se le asignó un instituto de otra localidad y, cuando su padre se negó a ello, le permitieron matricularse en el centro de su elección, pero la Comunidad no proporcionó ningún personal de apoyo.
Tampoco le facilitaron ayudas para participar en una actividad extraescolar para la que fue seleccionada por sus buenas notas, aunque gracias a la colaboración de los profesores y de sus compañeros sí pudo tomar parte en dicho programa.
También recoge quejas por denegación del transporte escolar a alumnos de estudios posobligatorios con discapacidades motoras.
Según el Defensor, se trata de estudiantes matriculados en institutos de su mismo municipio pero muy distantes del domicilio familiar, que debido a su discapacidad encuentran graves dificultades para llegar al centro.
El Gobierno regional, en este caso el de Madrid, indica que si cambia las rutas de transporte escolar para dar respuesta a dichas solicitudes y establece paradas próximas a las casa de estos alumnos, ello supondría sobrepasar el tiempo máximo de transporte que marca la normativa.
Por último, el informe recoge quejas contra la reducción de ayudas económicas para terapias complementarias de niños autistas o con dislexia, cuyo elevado coste resulta difícil de asumir para muchas familias.
En la Región de Murcia se registraron varias reclamaciones por este motivo, aunque la Secretaría de Estado de Educación sostiene que el número de beneficiarios de estas ayudas no ha disminuido.