Discapacidad. El psoe reclama apoyo a la comunicación para los alumnos con discapacidad auditiva y sordociegos


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a regular "las condiciones mínimas para que el alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego tenga el derecho a optar por el aprendizaje y la utilización de la lengua de signos española en los centros educativos y formativos".
En realidad, lo que los socialistas reclaman al Gobierno en esta iniciativa es que desarrolle el contenido de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Desde esta perspectiva, la proposición aboga también por "regular y desarrollar la utilización de las lenguas de signos españolas, en los diferentes ámbitos de la vida".
Y es que, apunta la portavoz socialista para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Laura Seara, "actualmente, en España, no se garantiza el derecho del alumnado sordo y de sus familias a optar por el modelo educativo bilingüe que incluye la lengua de signos".
Los decretos que desarrollan la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y establecen los currículos básicos en primaria, ESO y Bachillerato "no determinan los centros educativos ni las condiciones mínimas para el aprendizaje y la utilización de la lengua de signos española como lengua vehicular de enseñanza para el alumnado sordo, ni garantizan la prestación de servicios de interpretación a la lengua de signos para acceder a los contenidos curriculares", dice Seara.
Además, el texto apuesta por "regular los apoyos para cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya a la eliminación de las barreras de comunidad para hacer efectivo el derecho a la plena participación en la vida política, económica, social y cultural" de la ciudadanía con discapacidad auditiva o sordoceguera.
Finalmente, el PSOE quiere que se elabore un informe "sobre el cumplimiento de las cuotas de subtitulación de las cadenas de televisión públicas y privadas".

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