"Lo único que queremos es que se esclarezca lo sucedido y que las familias encuentren una respuesta adecuada o de respeto al menos", afirmó a la AFP Helena Maleno, portavoz de la asociación de defensa de los inmigrantes Caminando Fronteras.
Este colectivo trabaja con las familias de la quincena de inmigrantes que el 6 de febrero de 2014 murieron ahogados al intentar entrar a nado en Ceuta desde Marruecos ante la mirada de 16 Guardias Civiles españoles, que fueron investigados por haber utilizado material antidisturbios como pelotas de goma para impedirlo.
Una juez de instrucción decidió el jueves cerrar el caso, por "homicidio y lesiones imprudentes", considerando que "no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material".
El abogado de los oficiales, Jesús Martín Vázquez, se congratuló de esta decisión, denunciando un "juicio paralelo a los miembros de la Guardia Civil".
España es acusada a menudo por ONG de violar los derechos de los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, su otro enclave en el norte de Marruecos.
Tras leer el auto judicial, algunos de los familiares "casi no podían hablar", explica Maleno, que los contactó por teléfono en Costa de Marfil, Senegal y Camerún.
"Una de las madres nos decía: 'la justicia no es igual para los ricos y blancos que para nosotros que somos pobres y negros'", explica. "Uno de los hermanos decía que en el auto veía una falta de respeto impresionante a la memoria de su muerto", agrega.
"Hay frases muy duras dentro del auto que han causado muchísimo dolor entre las familias", subraya la activista.
Para la magistrada, María del Carmen Serván, "los inmigrantes no eran personas en peligro en el mar que precisasen ayuda".
Además, "asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias" de los agentes marroquíes y españoles, consideró.
Contra esta decisión, las familias de las víctimas presentaran recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz, precisó Maleno.
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