Ecologistas exigen a las administraciones información sobre transgénicos

  • Una veintena de entidades ecologistas, ambientales y colectivos de producción y consumo agroecológico han acordado reclamar a las administraciones estatal y autonómica información ambiental sobre los organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos.

Barcelona, 28 jun.- Una veintena de entidades ecologistas, ambientales y colectivos de producción y consumo agroecológico han acordado reclamar a las administraciones estatal y autonómica información ambiental sobre los organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos.

En un comunicado, las entidades adheridas a esta iniciativa aseguran que usarán los instrumentos legales que diversos convenios internacionales y normas estatales otorgan a los consumidores para conocer, entre otros, los datos técnicos que han servido al Gobierno para rechazar una moratoria en la introducción de transgénicos en España.

También quieren saber qué autoridades toman las decisiones sobre los transgénicos y qué capacidades técnicas tienen sus miembros para hacerlo, además de conocer la regulación y la práctica en la concesión de autorizaciones de cultivos experimentales y no experimentales, en medio abierto y cerrado, así como los planes de seguimiento y control que se hacen.

Con relación al consumo libre e informado, las entidades preguntan sobre el etiquetado y la identificación de los productos transgénicos, derivados y compuestos.

"Estos instrumentos legales son poco conocidos y escasamente empleados a nivel ambiental en España", aseguran, por lo que "se trata de una acción innovadora que permitirá no sólo acceder a la información sino seguir abriendo camino en los derechos que nos otorga la legislación".

Entre otras entidades, se han adherido a esta iniciativa Greenpeace; Ecologistas en Acción de Cataluña; Red de Semillas "Resembrando e Intercambiando", de Andalucía; y Amigos de la Tierra, de Madrid.

Consideran que la introducción de los transgénicos en España, especialmente en Aragón y Cataluña, se ha hecho "sin debate público y sin tener en cuenta algunos informes científicos existentes sobre la materia" y recuerdan que países como Francia y Alemania han optado por no cultivarlos hasta que haya información suficiente sobre las consecuencias sociales, ambientales y sobre la salud, además de un consenso ciudadano y científico.

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