El comité de la discapacidad reclama al gobierno un compromiso con la educación inclusiva

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con motivo del documento de propuestas que ha preparado para el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, un compromiso "claro, directo y explícito" en favor de la educación inclusiva, "como garantía de una atención de calidad a la diversidad del alumnado del sistema educativo".
El Cermi muestra su preocupación por las respuestas incumplidas en relación a esas necesidades y por que la inclusión educativa del alumnado con discapacidad todavía no llegue a estas personas de una forma "efectiva y suficiente".
El comité considera que este documento de propuestas, presentado por el Ministerio el pasado 11 de julio, responde a una legislación "insuficiente e inconcreta", ya que "no se compromete con la inclusión del alumnado con discapacidad, porque no hace referencia al mismo ni a sus necesidades de apoyo educativas".
Tampoco recoge, agrega, el principio de no discriminación en el acceso y en el mantenimiento en el sistema educativo del alumnado con discapacidad, que la legislación actual exige, al tiempo que no establece el principio de atención al alumnado con necesidades para su inclusión educativa relacionadas con la discapacidad como criterio de calidad del sistema educativo.
Además, indica que no aporta un plan completo y transversal de inclusión que se desarrolle a lo largo de todas las etapas educativas, y no establece un marco orientador para que en un periodo razonable se migre a estructuras educativas inclusivas para todo el alumnado con discapacidad, según establece la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, el Cermi considera que mientras perduren modalidades de escolarización diversificadas (ordinaria y especial), la ley debe establecer que la decisión última de seguir una u otra debe ser de los progenitores o representantes legales del alumnado menor de edad, para respetar el principio de libre elección.
Otra observación que aporta el comité es que no recoge la formación específica del profesorado y de los profesionales especialistas, elemento clave para la inclusión del alumnado con discapacidad, y no prevé un plan de recursos mínimos suficientes que garanticen una inclusión de calidad con la adecuada y suficiente atención a las necesidades del alumnado con discapacidad.
Por último, señala que no establece indicadores o medidores de calidad del sistema que permitan determinar si se cumplen los principios de calidad en relación con el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, que revelen si el sistema educativo está atendiendo de forma satisfactoria al alumnado con discapacidad y que informen de los procesos de evaluación que se ponen en marcha.