Madrid, 27 nov.- El Pleno del Congreso de los Diputados, con la mayoría del PP, ha acordado hoy instar al Gobierno a que elabore una cartera básica de servicios para las víctimas de violencia machista en materia social que debe incluir también a los menores que estén bajo la patria potestad de la mujer agredida.
La iniciativa -una proposición no de ley- ha sido presentada por el PP, que pide la colaboración de todas las comunidades autónomas para establecer unos servicios básicos y comunes exigibles por igual a todas las regiones, para atender "de forma integral y garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género".
"La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género recoge el derecho a una asistencia social integral", recuerda el PP, que señala que el reconocimiento de los derechos de las mujeres desde una perspectiva integral constituye uno de los avances más importantes de esta ley.
La iniciativa subraya que los servicios que contenga esta cartera deben ser "los fundamentales y necesarios" para llevar a cabo una atención adecuada, integral y continuada a todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género y pueden ser completados, con otros servicios "que mejoren o amplíen lo dispuesto en esta cartera general".
Además, subraya que también tendrán derecho a la asistencia social integral, a través de estos servicios sociales, los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida.
Para esto, los servicios sociales "deberán contar con personal específicamente formado" para prevenir y evitar las situaciones que puedan ocasionar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género.
Así, el PP cree "imprescindible" la colaboración y coordinación interinstitucional entre los distintos niveles administrativos con competencias en la materia, ya que esta asistencia social integral debe responder "a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional".
Durante el debate de la PNL, la diputada del PSOE Susana Ros ha denunciado el "puro cinismo político" del PP al presentar esta iniciativa después de haber reducido un 27 por ciento las partidas destinadas a luchar "contra esta lacra social".
"La violencia de género no admite recortes porque aumenta el riesgo para las mujeres y para sus hijos", ha advertido Ros, quien ha solicitado al Gobierno que cuente con la colaboración de la sociedad civil.
El PSOE, que presentó una enmienda de sustitución que ha sido rechazada por el PP, ha criticado al Gobierno por imponer unas tasas judiciales, gracias a las cuales "el divorcio será ahora más caro" y "supondrá un obstáculo" para que las víctimas de violencia machista se separen de sus maltratadores.
Por su parte, CiU -que se ha mostrado en contra de la PNL- ha denunciado que la iniciativa supone una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas y ha dudado de su efectividad, ya que la medida "no va acompañada de una dotación económica".
Desde la Izquierda Plural, María Caridad García, ha rechazado la iniciativa del PP porque "es sólo una declaración de intenciones que no tiene nada detrás" y ha pedido concreciones, mientras que la diputada del Grupo Mixto Olaia Fernández Davila ha pedido al Gobierno que dote de fondos económicos a los servicios sociales para que éstos puedan hacer frente a la violencia machista desde la prevención.
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