Dublín, 27 nov.- El primer ministro irlandés, el conservador Enda Kenny, aseguró hoy que su Gobierno abordará una posible reforma de la ley de aborto con "calma" y a través del "diálogo" con todas las fuerzas políticas y sociales del país.
Kenny efectuó esas declaraciones antes de que el Ejecutivo de coalición entre conservadores y laboristas publique hoy un informe de una comisión de expertos sobre este asunto, un mes después de la muerte de una mujer india a la que los médicos denegaron la interrupción de un embarazo problemático.
Savita Halappanavar, de 31 años y embarazada de 17 semanas, falleció de septicemia en un hospital de Galway (oeste de Irlanda) el 28 de octubre después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto tras alegar que la ley impedía hacerlo mientras latiera el corazón del feto, pese a que su salud se deterioraba.
El aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre corre peligro, excepción que fue establecida por el Tribunal Supremo hace 20 años pero que nunca han sido refrendada por los legisladores ni incluidas en la Constitución, por lo que queda expuesta a la interpretación.
"No vamos a dejar que este asunto se prolongue indefinidamente. Me gustaría abordarlo tan pronto y exhaustivamente como sea posible", señaló hoy Kenny, quien, no obstante, rehusó poner una fecha concreta.
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hace dos años a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer a la que no se permitió abortar, a pesar de que su vida corría peligro.
El Gobierno de entonces, compuesto por el centrista Fianna Fail y los Verdes, reconoció que debía estudiar una reforma de la ley del aborto y encargó a la Comisión que preside el juez Sean Ryan la elaboración del informe que se da a conocer hoy.
Según los medios irlandeses, el documento expone al Ejecutivo cuatro vías de actuación para cumplir con los requerimientos de las autoridades judiciales irlandesas y europeas.
El informe plantearía primero la introducción de directrices o normas orientativas, lo cual no obligaría a reformar la legislación, pero al no ser vinculantes es probable que las autoridades europeas lo consideraran insuficiente.
La aplicación de cualquiera de los otras tres opciones, que pasan por la emisión de órdenes ministeriales, la redacción de una nueva ley o una combinación de órdenes y enmiendas a la legislación vigente, podría provocar los cambios deseados pero la comisión advierte de que el proceso será largo y complicado.
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