El 1 de julio, un año más tarde de lo previsto, entrará en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
El texto, que acaba de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado tras ser aprobado el pasado 15 de abril en el Consejo de Ministros después de un período de audiencia pública y consulta con los interlocutores sociales, debería haberse aprobado en los primeros seis meses del año pasado según el calendario incluido en la ley.
Entre otras novedades, el Reglamento recoge más protección para víctimas de violencia de género en situación irregular, a quienes no se le abrirá un expediente de expulsión mientras no haya una resolución judicial sobre su denuncia de malos tratos. Además, mientras se dirime el proceso, tanto la mujer como sus hijos podrán tener acceso a permisos temporales de residencia y trabajo.
Otro de los aspectos destacados es la previsión legal de que las administraciones autonómicas acrediten el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar.
"Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la autorización", indica el texto que entrará en vigor en julio.
En concreto, este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".
En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150 por ciento del IPREM y un 50 por ciento adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.La norma perfila la reagrupación familiar de ascendientes vinculándola a la convivencia previa en el país de origen y aplica la última doctrina europea que concede la residencia a los progenitores de hijos con nacionalidad española.
El Reglamento impide a los empleadores que no hayan cumplido los compromisos asumidos contratar a otro trabajador extranjero en los tres años siguientes.
El texto alienta el retorno voluntario al país de origen, en el sentido de que quien desee acogerse al mismo por quedar en paro "no pierda" los años de trabajo aquí, sino que "le contabilice a todos los efectos" si volviera a España por necesidades de mano de obra.
El Gobierno dijo que habrá un procedimiento "más ágil y con más garantías" para quien se apunte a programas de movilidad y retorno voluntario.
Contra las mafias
El Reglamento también reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con una investigación policial está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya abierto o la expulsión que se hubiese acordado.
Si estos colaboradores son además, víctimas de trata y de violencia, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.
En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".Más científicos
El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería atraerá al "talento científico internacional", según el Gobierno. Para conseguirlo, la norma reduce de 90 a 45 días el tiempo para la obtención del permiso de residencia temporal y trabajo para los investigadores de países fuera de la Unión Europea.
En la actualidad el 20,5 por ciento de los investigadores doctores beneficiarios de las ayudas para la contratación que concede el Ministerio de Ciencia e Innovación son ya extranjeros.
Para esta cartera, la medida incluida en el reglamento facilita la contratación y atracción de talento internacional y mejora la movilidad de los investigadores, al tiempo que favorece la competitividad de la economía española en el mercado internacional.
Los investigadores extranjeros que quieran obtener uno de estos permisos de residencia y trabajo tendrán que firmar previamente un convenio de acogida con el centro de destino (universidades, organismos públicos de investigación o centros de investigación).Los centros deberán contar para ello con una acreditación previa otorgada por el Ministerio o bien por el Gobierno de su comunidad autónoma.
La autorización de residencia temporal y trabajo para investigación durará como mínimo tres meses y como máximo lo que dure el proyecto de investigación para la que fue concedida.
Quienes se oponen
Ochenta organizaciones sociales rechazaron en su día este nuevo Reglamento. Representantes de esas entidades aseguraron cuando fue aprobada que se trataba de una nueva oportunidad "perdida" para avanzar en derechos y libertades, deberes y garantías jurídicas de los inmigrantes, y que no garantizaba "su dignidad, su derecho al trabajo y a ser parte activa de la sociedad".
También reprochan al Gobierno que no los hubiera escuchado ni negociado el Reglamento, aunque el Ejecutivo aseguró que la norma había sido dialogada y consensuada con sindicatos, empresarios y ONG y se basa en la relación entre inmigración y mercado de empleo.
Organizaciones como SOS Racismo, Ecologistas en Acción y la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE) reclaman una regularización de los inmigrantes "vía arraigo o vía humanitaria", que afectaría a cerca de 800.000 personas, aunque la cantidad exacta "nadie la conoce". Piden también el cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y que "no se imponga la sanción de expulsión por la mera residencia y trabajo irregulares".
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