Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado interceptaron el año pasado a 7.285 inmigrantes que intentaron entrar en España de forma ilegal a través de embarcaciones, un 45,7 por ciento menos que en 2008, según el balance anual de la lucha contra la inmigración ilegal presentado hoy por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El titular de Interior señaló que si bien, en términos globales, el descenso de la entrada de extranjeros de forma irregular en España tiene que ver con la situación de crisis económica, también se encargó de puntualizar que en el caso de la entrada por mar de embarcaciones procedentes de África no se debe a este motivo porque los países del sur de Europa han sufrido el aumento de esta presión.
"La crisis ha tenido efecto sobre la inmigración ilegal procedente de los países iberoamericanos, pero el descenso de embarcaciones ilegales se debe al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los procesos de repatriación y la cooperación con los países de origen como Argelia, Mauritania, Senegal o Mali", aclaró Rubalcaba.
Asimismo, destacó la bajada significativa de la llegada de cayucos a las costas de la Islas Canarias, que ha pasado de 9.181 inmigrantes ilegales interceptados en 2008 a 2.246 en 2009, es decir, un 75,5% menos. Además, Interior calcula que durante cuatro meses no llegó ninguna embarcación al archipiélago y se trata de la cifra más baja desde el año 2000.
Unos datos que contrastan con la entrada de cayucos a la Península e Islas Baleares, que aumentó en 2009 un 18,7% (5.034 ilegales) respecto al balance del año anterior. Sobre este dato, el ministro Rubalcaba alertó de que "no se puede bajar la guardia porque hay elementos que apuntan a que la presión de la inmigración ilegal procedente de África va a continuar".
"La ley es clara: el empadronamiento el obligatorio"
Rubalcaba ha asegurado ademásque "la norma es clara" y el ayuntamiento catalán de Vic tiene la"obligación" de empadronar a sus inmigrantes. El ministro indicó quesi el Consistorio de Vic ha decidido pedirle a su departamento undictamen sobre la aplicación de la ley, se le facilitará, pero ha detener claro que "la ley obliga a los ayuntamientos a empadronar y es loque tienen que hacer".
"El padrón sirve para lo que sirve, parasaber cuánta gente vive en un municipio, y la lucha contra lainmigración ilegal transcurre por otros caminos", señaló el ministro,para quien la negativa del gobierno municipal de Vic a empadronar a susinmigrantes ilegales "tiene que ver más con la situación política deese ayuntamiento que con otra cosa, pero a nosotros sólo noscorresponde reclamarle que cumpla ley".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios