El tóxico siempre gana

Los expertos de la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA en sus siglas en inglés) confirmaron ayer la presencia de manchas de crudo en el fondo del lecho marino del golfo de México, 51 días después de la explosión y hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon de la compañía British Petroleum.Pese a que no se trata de elevadas concentraciones, el hallazgo contradice la tesis de BP a través de su presidente, Tony Hayward, de que el crudo, de estructura más ligera que el agua, subiría hasta la superficie, sin hundirse.

La respuesta de la compañía se está quedando corta respecto a la gravedad del vertido, al igual que ha sucedido en los desastres ambientales más graves de la última década. Una vez provocada la catástrofe, se minimizan sus efectos y se eluden responsabilidades. Fue el caso de la fuga de gas tóxico en la ciudad india de Bhopal, por negligencia de la compañía estadounidense Union Carbide, que tuvo lugar en 1984 y que dejó 10.000 muertos. Se calcula que entre 15.000 y 25.000 personas murieron en los siguientes veinte años. En el año de la catástrofe, el gobierno indio cifró en 3.000 personas el número de víctimas.

El pasado lunes, siete directivos indios de la compañía fueron declarados culpables de "negligencia criminal" y condenados a dos años de cárcel y al pago de 100.000 rupias (1.775 euros), pero han evitado la prisión gracias al pago de una fianza de 445 euros. Las víctimas, que han tachado de "insulto" la sentencia, siguen además viviendo entre gases tóxicos. La fábrica de pesticidas fue abandonada y quedó sin limpiar. Hasta 300 toneladas de químicos peligrosos permanecieron en la calle hasta hace cuatro años.

La ruptura de la balsa de lodos tóxicos por metales pesados en Aznalcóllar, junto al parque natural de Doñana, en 1998, sigue coleando más de una década después del accidente. La empresa sueca Boliden, que operaba las minas de esa región, no ha saldado nada de los 90 millones de euros de la indemnización pendiente. Precisamente, estos días, 29 mineros que trabajan entonces para la compañía, protagonizan desde hace varios días manifestaciones para que la Administración andaluza los recoloque en un puesto de trabajo, como se acordó hace ocho años, a raíz de la catástrofe.