España no quiere que la CE tenga última palabra sobre la gestión de Schengen

  • España se ha mostrado hoy a favor de restar poder a la Comisión Europea (CE) a la hora de gestionar las fronteras internas de la UE cuando se produzcan casos de emergencia que puedan llevar a un país a restablecer sus límites nacionales.

Bruselas, 8 mar.- España se ha mostrado hoy a favor de restar poder a la Comisión Europea (CE) a la hora de gestionar las fronteras internas de la UE cuando se produzcan casos de emergencia que puedan llevar a un país a restablecer sus límites nacionales.

Según el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, España quiere que sean los Estados los que tomen la ultima decisión frente a una situación de descontrol limítrofe -ante por ejemplo una ola migratoria- en la nueva regulación sobre la zona Schengen, que discute la Unión Europea (UE) a propuesta de Bruselas.

"España está por que el Consejo tenga la última palabra", ha señalado Fernández Díaz a la prensa, tras reunirse con sus homólogos de la UE para diseñar las nuevas normas del área Schengen, que darán mayor poder a cada país para restablecer sus fronteras nacionales en determinados casos.

Para el ministro español, la nueva potestad de los Estados no será un menoscabo al principio capital de la UE de la libertad de movimiento.

"Creo que es compatible la responsabilidad con la solidaridad", ha afirmado.

Fernández Díaz ha defendido la reforma del área Schengen indicando que, igual que en el ámbito económico ha habido que cambiar la gobernanza por el bien del euro, en el control limítrofe se está trabajando para gestionar mejor las fronteras y no comprometer la conquista europea de la libertad de circulación.

El Ejecutivo comunitario propuso la primavera pasada reformar Schengen después que así lo solicitaran Italia y Francia, presionados por una ola de inmigrantes tunecinos desencadenada por la "primavera árabe".

En el debate mantenido por los ministros de Interior, los veintisiete miembros comunitarios han empezado a hablar de un plan de solidaridad para los países que sufren especialmente la presión migratoria y de demandantes de asilo, particularmente los estados del sur de la UE, como España.

Ese plan ayudaría en primer término a Grecia, país en dificultades económicas y sin recursos para frenar la llegada de inmigrantes a través de sus fronteras con Turquía.

El ministro español ha manifestado que debe diferenciarse claramente entre inmigración económica y refugiados, pues "el derecho de asilo está en el ADN de la UE y hay que dar acogida y garantías a las personas que salen de su país porque allí no se respetan sus derechos".

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