Europa sigue dividida en torno a la prostitución

En las próximas semanas se depositará en la Asamblea francesa un nuevo proyecto de ley que ha comenzado a debatirse recientemente y cuya polémica esencia es la de castigar a los clientes. La resolución tendrá que ser aprobada en la Asamblea y después en el Senado, que puede refrendarlo o echarlo para atrás.

El proyecto, tal y como refleja el propio texto, pretende "reafirmar la posición abolicionista de Francia respecto a la prostitución" y además erradicar de la opinión pública la idea de que "al ser la profesión más antigua es inevitable". Entre la población este debate, tan recurrente en el país desde la prohibición de los burdeles en 1960, no ha logrado la misma unidad que entre la clase política.

Durante la discusión del proyecto en el Palais Bourbon varios grupos de prostitutas, proxenetas y simpatizantes se manifestaron para expresar su rechazo al proyecto bajo el lema "El sexo es trabajo". Entre ellos asociaciones como STRASS y Act Up protestaron contra lo que consideran "un ataque a su medio de subsistencia y sus derechos".

Como sucede en muchos otros países actualmente la prostitución no es ilegal en Francia. Si lo es el proxenetismo y la práctica sexual en la vía pública. La incitación activa mediante palabras o gestos por ejemplo está sancionada con penas de hasta 6 meses de cárcel y 3.750 euros de multa. 

Europa frente a la prostitución

El mayor ejemplo adoptado por los legisladores franceses ha sido Suecia. La postura del Gobierno sueco es que la prostitución forma parte de parte de una "utilización comercial" de la mujer y parten de la idea de que ejercerla nunca es voluntario. La legislación vigente desde finales de los noventa, concentrada en la resolución "sobre compra de sexo" criminaliza a la figura del cliente con penas de hasta 6 meses de cárcel.

La principal argumentación que esgrimen los políticos es que "si no hay demanda tampoco habra oferta".

Algunos países como Finlandia, Islandia, Rusia, Italia y ahora Francia han seguido esta actitud decantándose por una perspectiva cada vez más abolicionista. Otros países como Holanda, Dinamarca o Alemania han tomado la dirección contraria.

En Holanda, por ejemplo, las prostitutas gozan de un marco de protección jurídica y social que las considera como trabajadoras autónomas. Sus ingresos son punibles y están cubiertos en caso de accidente, desempleo o enfermedad, tal y como recoge la ley 464 en vigor desde el año 2000.

En el mismo periodo el Gobierno holandés obtuvo el permiso de la Corte europea para reconocer la prostitución como actividad económica siempre que sea voluntaria. Sin embargo, muchas ONG´s de los Países Bajos defienden que esta legalización ha llevado a que los traficantes se aprovechen enseñando a las chicas a probar que son "mujeres auto empleadas e inmigrantes voluntarias" para trabajar en la industria sexual.

Alemania tampoco considera sancionable el ejercicio de la prostitución en sí misma. La diferencia es que sí la limita a ciertas horas del día y la aleja de lugares frecuentados por menores como parques y escuelas.

Pese a las medidas de Francia o Suecia la línea real que predomina en Europa es la del país germánico. La práctica de la prostitución voluntaria es legal pero una serie de medidas penalizan su ejercicio en la calle y las prácticas que utilicen a menores o la explotación. En Inglaterra, por ejemplo puede retirarse el carnet a quienes utilicen el coche para tener sexo de pago.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos sostienen que la legislación es algo superficial y que el verdadero problema radica en hablar de prostitución cuando en realidad se trata de "explotación de seres humanos". En España la asociación APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) apoyada por el Ministerio de Igualdad en su informe de 2008, calcula que aproximadamente el 90 por ciento de prostitutas que ejercen en nuestro país son explotadas por las redes de trata.

Argumentan que la discusión se centra en "una minoría supuestamente libre" cuando debería atenderse a una mayoría que sufre esclavitud a manos de mafias internacionales difícilmente identificables. Y, aunque aplauden la actitud de países como Francia, sostienen que la solución, más allá de la penalización, pasa por una atención integral (social, jurídica y sanitaria) de las mujeres para detectar los casos de explotación y actuar en consecuencia.