Miami (EE.UU.), 8 sep.- El exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín defendió hoy que el rechazo en Estados Unidos a la demanda interpuesta contra él y el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por los sucesos de octubre de 2003 es "propia de un país donde la Justicia es libre", algo que "no ocurre en Bolivia".
"Esta decisión es una luz de lo que puede hacer la Justicia independiente. Proviene de un sistema judicial reconocido mundialmente por ser independiente", aseguró hoy a Efe Sánchez Berzaín, que reside en Miami.
El extitular de Defensa boliviano se refirió así a la decisión de un tribunal de Apelaciones de Florida que desestimó la demanda civil presentada contra ambos por su intervención en unos sucesos en los que murieron más de 60 personas.
Sánchez Berzaín llamó la atención sobre "la diferencia entre esta decisión y el reciente fallo de los jueces de Evo Morales contra miembros del comando militar" acusados de genocidio por su actuación en aquella ola de protestas.
Por ello, emplazó al presidente de Bolivia a "derogar los decretos de amnistía que le amparan a él y a sus cómplices", para que se pueda acometer una investigación independiente.
"Estoy dispuesto, incluso, a que él elija a los jueces, siempre que no estén controlados por él", apuntó el exministro, quien lamentó que "en Bolivia el poder político se haya apoderado de los jueces".
En su opinión, "los jueces de Bolivia se han convertido en un mecanismo de represión política y de empresarios y medios de comunicación", de forma que "la Justicia está en manos del presidente y su equipo político".
"Hay un régimen de miedo donde el que no le hace el juego al Gobierno está terminado", puso de relieve.
Apuntó que la interposición de la demanda en EE.UU. por parte de víctimas de los actos de octubre de 2003 "es algo que ellos mismos (el Gobierno de Morales) mandaron hacer".
"Lo que está ocurriendo en Bolivia es atroz. El exilio político es muy numeroso y no sólo por los actos de octubre de 2003. Casi todos los opositores políticos están fuera, y también han salido empresarios y dirigentes cívicos", afirmó el exministro.
Asimismo, acusó al actual Gobierno boliviano de haber "destrozado la democracia" y "derrocar un Gobierno legítimamente elegido".
En la decisión judicial emitida por el Tribunal de Apelaciones del Distrito Sur de Florida el pasado 29 de agosto, los jueces argumentan que la demanda "no se basa en hechos y no demuestra que se produjeran delitos".
Añaden que el derecho internacional aplicable a las circunstancias "no está claramente definido" y que "faltan criterios para juzgar qué es legal y qué no, especialmente para líderes nacionales que se enfrentan a miles de personas tomando las calles en oposición".
Su decisión, a la que tuvo acceso Efe, explica que el Gobierno ordenó medidas militares para "restablecer el orden, rescatar a viajeros atrapados y desbloquear caminos con el fin de garantizar el abastecimiento de gas y otros bienes necesarios a los habitantes de la capital en un periodo de protestas violentas".
"Los demandados -afirma la decisión- se enfrentaban a una situación donde muchos de sus rivales en Bolivia estaban actuando de forma arriesgada y alarmante".
Por ello, añaden, "el presidente autorizó el uso de la 'fuerza necesaria' para restablecer el orden público y emitió un decreto ejecutivo declarando el transporte de gas a la capital una prioridad nacional".
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