Miércoles, 19.02.2020 - 23:20 h
La policía detiene a 10 personas

El fraude de los pensionistas muertos: mantener 'vivo' al abuelo y cobrar la paga

La picaresca no tiene límite para seguir cobrando la pensión de los familiares fallecidos. Hacerlo puede salir caro: hasta seis años de cárcel. 

El INSS controla cada vez más las pensiones de los fallecidos
El INSS controla cada vez más las pensiones de los fallecidos / Europa Press

El nombre de una flor que se lleva a los cementerios para honrar a los muertos, la Myosotis, fue el elegido para bautizar una operación policial que ha destapado un fraude de más de seis millones de euros. La llamada anónima de un ciudadano cansado de escuchar a su vecina jactarse de seguir cobrando la 'paga' de su difunto marido es uno de los hilos de los que tiraron los agentes de la Policía Nacional en el último golpe contra el fraude que ha acabado con 10 personas detenidas. Solo en los últimos tres años esta picaresca le ha costado a la Seguridad Social 14 millones de euros (que los agentes hayan descubierto) y  ha provocado la detención de 76 personas, según desvelan los investigadores a La Información. Aprovechar que se es cotitular de la cuenta del que fuera pensionista, falsificar su firma, apropiarse en el buzón de la tarjeta de crédito, obviar el fallecimiento, contratar a una actriz para que finja ser la beneficiaria o valerse de la condición de empleado de la sucursal a la que el anciano acudía son algunos de los métodos utilizados para llevar a cabo un plan digno de 'Este muerto está muy vivo'. 

Mantener a los abuelos, parejas o padres 'vivos' cuando ya han fallecido para seguir cobrando su pensión comparte con la película antes citada solo el título. Su final no es feliz y puede salir caro: hasta seis años de cárcel -además de una sanción y la devolución de todo lo cobrado con intereses-. Los agentes recuerdan que "cada vez son más los controles" que se hacen desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para luchar contra esa 'manía' de no informar a la entidad bancaria del óbito, a pesar de que es obligatorio, ni comunicar el fallecimiento del familiar en el Registro Civil. En 2008 se defraudó con la paga de 75.866 pensionistas. Diez años después sucedió con 5.725 pensiones, un 0,06% de las pagas que están en vigor, según datos del Instituto. 

Las tretas para el engaño son muchas, y una vez más la realidad supera a la ficción. Hasta 31 años estuvo cobrando la pensión de un fallecido una mujer que el próximo 20 de  febrero se sentará en el banquillo de los acusados para responder por ello. Durante ese tiempo se embolsó 171.000 euros. Su historia forma parte de otra operación llevada a cabo en el año 2017: Libitina I. En ella 19 personas fueron detenidas o investigadas por un fraude que alcanzó los dos millones de euros. Y si 31 años de engaño nos parece mucho, hasta 35  y cuatro meses lo hizo uno de los 46  detenidos en la operación Libitina II que un año después, en 2018, destapó otro fraude de seis millones de euros. En ambos casos, los pensionistas fallecidos habrían superado la barrera de los 100 años. Los agentes avisan que la Seguridad Social lleva cada vez más un control exhaustivo del cobro de las pensiones entre los beneficiarios con edades con tres cifras o muy avanzadas.

Y esa no es la única medida antifraude que se lleva a cabo. El detonante para empezar una investigación puede ser desde una llamada anónima a las comprobaciones de vida que se deben hacer tanto desde los bancos como las que realiza el INSS. Ahora casi el 90% de los fallecimientos son comunicados por el Ministerio de Justicia con un desfase de seis días entre la fecha de la defunción y la de la comunicación, produciéndose la baja automática de la pensión en la base de datos sin intervención de ningún usuario. Además, los bancos son los encargados de solicitar cada año una fe de vida de las personas a las que se les ingresa una pensión. 

En el propio banco es donde trabajaba uno de los últimos detenidos que, aprovechando sus conocimientos y abusando de la confianza de sus compañeros de oficina, llegó a realizar hasta 62 reintegros de la cuenta de una mujer fallecida que habían sido abonados indebidamente. Para cometer los hechos, este hombre falsificó los justificantes de efectivo y las cartillas bancarias de la pensionista fallecida y, con el fin de justificarse en su puesto de trabajo, aprovechaba los momentos en los que atendía a personas de avanzada edad para indicar a su compañero de ventanilla que la misma era muy mayor, que no podía estar de pie al tener dificultades de movimiento y la invitaba a esperar sentada. Con esa estratagema, conseguía que en caja le entregaran el dinero con la falsa creencia de que la mujer que estaba sentada era la titular de la cuenta. El arresto del trabajador se produjo mientras extraía dinero en un cajero automático de la propia entidad a la que había robado previamente.

Los agentes de la sección de investigación de la Seguridad Social dependiente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al frente de la operación también detectaron el caso de una mujer que con el fin de conseguir acceso a la cuenta bancaria de su madre fallecida cuatro años antes no dudó en acercarse al banco tras contratar a una 'actriz', otra persona que suplantó la identidad de su progenitora. De esta manera, consiguió el acceso al dinero mediante la falsificación de la firma de la titular de la cuenta. La implicada se benefició de más de 200 disposiciones en efectivo, que han supuesto un fraude de más de 74.000 euros, abonados durante los más de 20 años de forma indebida.

No es el único caso que llama la atención de unos agentes que no olvidan una excusa entre las miles que escuchan de unos detenidos "que muchas veces reconocen que han sido cazados e intentan devolver lo defraudado".  Una mujer les aseguraba hace un año que seguía cobrando la pensión porque todavía no había asumido la falta del familiar y "creía que le correspondía". Más reciente son los inquilinos que habían entrado un domicilio en el que había fallecido una mujer a la que el banco continuaba enviando correo postal. En uno de esos sobres llegó una tarjeta de crédito que los ahora detenidos dieron de alta para comprar un televisor, un altavoz, una mesa de mezclas, un ordenador, un teclado... e incluso compraron material en una vivienda que "habían usurpado". 

La Policía Nacional daba cuenta ayer de su última operación desarrollada en 21 provincias españolas. Detrás no hay ninguna banda organizada sino familiares director de unos pensionistas que al fallecer siguen estando muy vivos económicamente hablando. De norte a sur y de este a oeste, los agentes han tenido que realizar una ardua labor para localizar a los que recibieron 12.586 abonos indebidos. Este tipo de delitos está cayendo, ya que, aunque las cifras pueden parecer escandalosas, lo cierto es que se trata de casos antiguos que se están detectando ahora gracias a las nuevas tecnologías. Gracias a estos avances, dicen los agentes, a la Tesorería de la Seguridad Social le "saltan" cada vez antes los casos evidentes de cobro de pensiones de personas ya fallecidas. Cuando es así, la Tesorería facilita la información que ha podido recabar a la Sección de Investigación de la Policía Nacional para que prosiga con las pesquisas y dé con el "beneficiario" o, mas bien, con el "aprovechado". Y avisan. Sobre la mesa tienen más expedientes. 

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