Gobierno colombiano y FARC enfrentados por alcances de acuerdo de justicia

El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, declaró que el texto suscrito tiene cierta "ambigüedad" y requiere ser "precisado", después de que su contraparte, Iván Márquez, dijera que la guerrilla seguirá negociando "sin alterar lo ya acordado" el 23 de septiembre, cuando ambas partes fijaron las bases para juzgar los crímenes cometidos a lo largo del conflicto armado de medio siglo.

"El gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado", indicó De la Calle, contradiciendo a la guerrilla, que sostiene que este acuerdo "está cerrado".

"Consideramos entonces que es necesario continuar rápidamente el trabajo por parte del Grupo Jurídico para concretar los elementos pendientes que en nada afectan la esencia de la fórmula anunciada", expresó De la Calle, quien dijo que cuando firmó el acuerdo escribió en él que se trataba de "un documento en desarrollo" y no definitivo.

Sin embargo, Márquez expresó que "el texto íntegro del acuerdo fue depositado ante los países garantes (del proceso de paz), Cuba y Noruega", y afirmó que este pacto crea un "modelo de justicia para la paz incomparablemente más detallado y avanzado" que cualquier otro en el mundo.

La semana pasada ambas partes aclararon que el acuerdo acaba con las extradiciones de guerrilleros a Estados Unidos, que ha exigido la entrega de cabecillas de las FARC y donde purga desde 2004 una condena a 60 años el rebelde Simón Trinidad.

El enviado estadounidense al proceso de paz para Colombia, Bernard Aronson, dijo este viernes que Washington está listo para tratar a las FARC "como a cualquier otra fuerza política" colombiana, aunque por ahora no planea retirarla de su lista de "organizaciones terroristas".

Los abogados del gobierno y la guerrilla han sostenido al menos dos reuniones de trabajo en La Habana y otras en Bogotá.

Los abogados del gobierno son los colombianos José Manuel Cepeda y Juan Carlos Henao, y el estadounidense Doug Cassel, y los de las FARC los colombianos Álvaro Leyva y Diego Martínez, y el español Enrique Santiago.

El texto completo del acuerdo de 75 puntos no ha sido publicado, solo se dio a conocer el 23 de septiembre una nota informativa de 10 puntos.

"El acuerdo debería ser publicado a la mayor brevedad para evitar especulaciones o tergiversaciones interesadas sobre su contenido", indicó Márquez, pero De la Calle dijo que sea divulgado una vez que los abogados de ambas partes terminen de "concretar los elementos pendientes".

Los textos completos de los otros acuerdos parciales alcanzados por ambas partes previamente tampoco han sido publicados.

Al suscribir el acuerdo que crea una "jurisdicción especial para la paz", en una histórica ceremonia en la que Santos estrechó la mano al jefe de las FARC, Timoléon Jiménez, "Timochenko", en presencia del presidente cubano Raúl Castro, las dos partes se comprometieron a firmar la paz a más tardar el 23 de marzo de 2016.

La guerrilla también se comprometió a iniciar la desmovilización y desarme en los siguientes 60 días tras la firma del acuerdo.

Este acuerdo sobre justicia -el tema más espinoso del proceso de paz- contempla la creación de un tribunal especial y juicios y penas de cárcel para responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, pero amnistía para delitos políticos.

Las partes suscribieron el acuerdo un día después de que el papa Francisco culminara su visita a Cuba, donde manifestó que no podía haber "otro fracaso" en la búsqueda de la paz en Colombia.

El conflicto armado ha dejado en Colombia 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales, y éste es el tercer intento entre el gobierno y las FARC para acabar la contienda.

El ciclo de diálogos de paz iniciado este viernes - 42º desde 2012- culminará el 8 de octubre.

fj/rd/yow