Gobierno EEUU presenta demanda contra ley inmigración ilegal Carolina del Sur

Washington, 31 oct.- El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó hoy una demanda contra la ley 69 de Carolina del Sur contra la inmigración ilegal, con el argumento de que sólo el Gobierno federal puede hacer cumplir las leyes migratorias del país.

En la demanda, entablada en un tribunal federal en Carolina del Sur, el Departamento de Justicia alega que varias cláusulas de la ley 69, tal como fue promulgada el pasado 27 de junio, "son inconstitucionales e interfieren con la autoridad del Gobierno federal para establecer y hacer cumplir la política migratoria" en EE.UU..

El Departamento de Justicia explicó en el documento que "la Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un mosaico de leyes migratorias estatales y locales en todo el país".

"La ley de Carolina del Sur claramente contraviene las políticas y prioridades adoptadas por el Gobierno federal, y por lo tanto no puede seguir vigente", explicó el Departamento de Justicia en un comunicado emitido en Washington.

La ley de Carolina del Sur criminaliza a los inmigrantes indocumentados y, al igual que las leyes SB1070 de Arizona y HB556 de Alabama, permite que la policía los encarcele por nuevos "delitos" migratorios.

El Departamento de Justicia considera que la ley de Carolina del Sur supondrá una carga "significativa" para las agencias federales y desviará sus fondos de casos prioritarios como la lucha contra el terrorismo, el contrabando de drogas y las pandillas, y las personas con antecedentes criminales.

Además, continuó el comunicado, la ley de Carolina del Sur producirá el acoso y detención tanto de visitantes extranjeros como de inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar de inmediato su estatus migratorio en el país.

"La demanda de hoy deja en claro una vez más que el Departamento de Justicia no vacilará en cuestionar la ley migratoria de un estado, como lo hemos hecho en Arizona, Alabama y Carolina del Sur, si determinamos que la ley interfiere" con la autoridad del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias, dijo el secretario de Justicia, Eric Holder.

"Es entendible que las comunidades permanecen frustradas con el maltrecho sistema de inmigración, pero un mosaico de leyes estatales no es la solución y sólo creará problemas", explicó Holder.

"Continuaremos vigilando el impacto que estas leyes puedan tener en nuestras comunidades, y evaluaremos cada ley para determinar si contraviene o no las responsabilidades del Gobierno federal" en el campo migratorio, prometió Holder.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional refuerza las leyes de inmigración en Carolina del Sur de "forma inteligente y eficaz", centrándose en extranjeros criminales, los que cruzan ilegalmente la frontera, los que reinciden en infracciones migratorias y los empleadores que a sabiendas contratan a indocumentados.

Haciéndose eco de los detractores de la ley 69, Napolitano dijo que esa ley sólo desvía recursos de las "amenazas más graves para la seguridad pública y mina la confianza" que debe existir entre la policía y las comunidades locales.

La demanda, entablada en nombre de los departamentos de Justicia, Estado y Seguridad Nacional, fue presentada tras consultas con las autoridades policiales y judiciales de Carolina del Sur.

El Departamento de Justicia dijo además que "pronto" solicitará una suspensión preliminar de la ley 69, partes de la cual entrarán en vigor el próximo 1 de enero, por considerar que "causará un daño irreparable".

La agencia federal presentó argumentos similares en sendas demandas contra la SB1070 de Arizona y la HB56 en Alabama, y en la actualidad evalúa leyes similares adoptadas en Utah, Indiana y Georgia.

Los tribunales federales han suspendido algunas de las cláusulas más controvertidas de esas leyes estatales, mientras grupos proinmigrantes presionan para que el Congreso arregle de una vez por todas la "crisis humanitaria" causada por la ausencia de una reforma migratoria.