Santiago de Chile/Valparaíso, 16 mar.- El Gobierno del presidente Sebastián Piñera interpuso en la tarde del viernes una querella por presuntamente infringir la Ley de Seguridad del Estado en contra de 22 personas de la sureña región de Aysén, cuyos habitantes demandan el fin del aislamiento de la zona.
Según informan los medios de comunicación locales, cerca de las 14.00 hora local (17.00 GMT) y en el más absoluto hermetismo una abogada de la Intendencia (Gobernación) regional llegó a interponer el requerimiento en el Juzgado de Letras de Puerto Aysén, a 1.670 kilómetros al sur de Santiago.
Aunque no se dio a conocer la identificación de las 22 personas acusadas de infringir la Ley de Seguridad del Estado, portavoces del juzgado aclararon que en listado no aparecen los dirigentes por el Movimiento Social de Aysén, "los que siempre han dado la cara".
Según fuentes judiciales, el tribunal tiene 24 horas para resolver el aspecto formal del requerimiento. Después de ello, la causa podría ser derivada al Ministerio Público para que un fiscal inicie la respectiva investigación.
El Gobierno invocó anoche la Ley de Seguridad del Estado, después de que los enfrentamientos del jueves, entre manifestantes y la Policía chilena se prolongaron en Aysén por más de 15 horas.
Más de 3.000 personas atacaron a un grupo de Carabineros (Policía militarizada) al que hicieron retroceder para luego incendiar un carro lanza agua y posteriormente un microbús de la institución, al que primero le habían sacado las protecciones de las ventanas.
La Ley de Seguridad del Estado, promulgada bajo la dictadura militar en 1975 y cuyas últimas modificaciones fueron aplicadas en 2010, se refiere principalmente a la seguridad interior y exterior de Chile y su abanico es tan amplio que involucra casi todo lo que altere el orden público.
El ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, subrayó este viernes que el Ejecutivo invocó la Ley de Seguridad del Estado para los activistas más violentos y más ultras de la región de Aysen.
"Esta no es una ley que se haya invocado en contra de una región o en contra de una ciudadanía", reiteró Hinzpeter en declaraciones a los periodistas en Valparaíso, sede del Congreso.
"No es bueno vivir en sociedades donde haya algunos extremistas que se sientan con el derecho de incendiar un microbús de Carabineros o de apedrear un avión y de bloquear calles y caminos", añadió el ministro.
El jefe de gabinete de Piñera señaló que el Gobierno presentó una acción judicial para que intervenga el Ministerio Público y ha sindicado e individualizado a los activistas violentos, a los más ultras.
"No ha sido una acción dirigida en contra de dirigentes sociales, por el contrario, hemos iniciado una acción judicial en contra de los más violentos que han generado riesgo para las personas. Esperamos que las condiciones para reiniciar el diálogo con los dirigentes realmente dispuestos a avanzar se den lo más pronto posible", apostilló.
En tanto, el director de Carabineros, general Gustavo González, reconoció algunos excesos por parte de sus hombres "pero no un exceso en los procedimientos a nivel de institución".
"Nosotros tenemos que ajustar todos nuestros procedimientos e impedir que se produzcan este tipo de acciones o actos individuales por parte de algunos funcionarios. Estamos en esa línea y vamos a seguir trabajando para perfeccionar nuestro trabajo", aseguró.
Con las protestas, que comenzaron el 13 de febrero pasado, los vecinos de Aysén, de apenas 105.000 habitantes, piden medidas que mitiguen el aislamiento de esta región, a 1.670 kilómetros de Santiago, con problemas de conectividad y dedicada a la pesca, la ganadería y el turismo.
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